BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Unas 700 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y unas 1.200, según la organización, han pedido este sábado el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Extrajeros (CIE) de Barcelona, en la Zona Franca, en un "juicio popular" que ha terminado con una sentencia de culpabilidad.
En declaraciones a los periodistas, la portavoz de SOS Racisme --una de las entidades promotoras de la manifestación--, Alba Cuevas, ha argumentado que cuando "el sistema judicial no responde" ante causas que son injustas y vulneran los derechos humanos, es responsabilidad de la ciudadanía manifestarse y denunciarlo.
Cuevas ha lamentado que haya habido "un blindaje muy claro" en defensa de los CIE por parte del Gobierno del PP con el apoyo del PSOE, pero ha admitido que ante la nueva legislatura se abre una brecha de esperanza para que un nuevo Gobierno cambie su postura.
Por su parte, el portavoz de Tancarem el CIE, Marc Serra, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, al Parlament y al Ayuntamiento de Barcelona, para presionar al Ministerio del Interior para que cierre el CIE definitivamente, porque, según él, "ninguna obra" tiene capacidad de legitimar la reapertura.
APOYO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha dicho que si la sociedad no asume que los CIE son "una barbarie inaceptable en pleno siglo XXI" no se va a cerrar, por lo que ha asegurado que la ciudadanía y el Ayuntamiento tienen que trabajar juntos para garantizar los derechos humanos.
Los representantes de ERC, Anna Surra, Oriol Amorós y Joan Tardà, también han asistido a la manifestación, y han apostado por cerrar todos los CIE del Estado, y han asegurado que seguirán defendiendo los trámites que ya empezaron en la legislatura anterior en el Congreso de los Diputados.
Además, el líder de SíQueEsPot, Lluís Rabell, ha exigido que no se reabra el CIE, en cumplimiento de la resolución del Parlament que pedía el cierre de este centro, y miembros de la CUP también ha participado en la manifestación pero no han querido hacer declaraciones.
JUICIO POPULAR
Unas 200 entidades, entre ellas el Centro Catalán de Atención al Refugiado (CCAR), el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC), el Sindicato Popular de Manteros y la Fundación MigraStudium, han acreditado en sus intervenciones en el simulacro de juicio supuestas "violaciones de derechos humanos", por lo que demandan que no se reabra el centro después del cierre por obras en noviembre de 2015.
Durante el juicio, tres testigos y tres representantes de entidades sociales han expuesto todas las pruebas de supuestas vulneraciones de los derechos humanos, mientras que un grupo de expertos les han interrogado, para declarar "por unanimidad" su condena a los CIE.
El abogado de Tancarem el CIE, Andrés García Berrio, ha recordado que llevan más de seis años viniendo al CIE de Zona Franca para pedir el cierre y aportar sus pruebas, ha afirmado que ha llegado el momento de que este CIE no se reabra, y ha asegurado que les tendrán que "apartar de en medio" para volver a abrirlo.
