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BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Permanente del Parlament forzará este martes con los votos de la oposición la comparecencia de los consellers de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, y de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries.
Lo harán para detallar la situación presupuestaria de la renta mínima de inserción (RMI), cuya partida para este 2012 asciende a 130 millones de euros.
La comparecencia prosperará con los votos de PSC, PP, ICV-EUiA y ERC pese a que la Generalitat ya ha garantizado el pago hasta final de año a los 24.000 perceptores y ha negado que la partida se haya agotado, tal y como apunta la oposición.
El año pasado el Govern presupuestó 130 millones de euros para la RMI, la misma cantidad que alcanzará este año, aunque finalmente amplió la partida a 170 millones para cubrir este gasto.
La Diputación Permanente también votará si comparecen el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, para detallar las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al que se ha acogido Catalunya.
Sin embargo, no está claro que prosperen las comparecencias de Mas y de Mas-Colell, puesto que fueron reclamadas por ICV-EUiA y ERC y requieren para salir adelante el apoyo de PSC y PP, que todavía no se han posicionado.
Fuentes parlamentarias han apuntado a que la comparecencia del presidente de la Generalitat funciona a través de otros mecanismos y cuenta con otros tiempos, por lo que podría no llegar a producirse aunque se aprobase.
La Diputación también convalidará todos los decretos que haya aprobado el Govern hasta ahora, entre ellos el que hace referencia a mejoras en la prestación económica de incapacidad transitoria de los empleados públicos de la Generalitat.
ORTEGA Y MAS-COLELL
Antes de estas votaciones, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y Mas-Colell comparecerán para explicar los decretos aprobados en las últimas semanas por el Govern, que deben ser convalidados por la Cámara.
Entre ellos está el decreto referente a mejoras en la prestación económica de incapacidad transitoria de los empleados públicos de la Generalitat, consistente en abonar los complementos de acuerdo con los límites máximos que establece la ley para no penalizar las enfermedades de larga duración.
