BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha subrayado este lunes que eximir de pagar el impuesto de plusvalía a quienes han perdido su casa por una ejecución hipotecaria o dación en pago "es cuestión de voluntad política", y que ya lo hacen muchos ayuntamientos.
Lo ha dicho después de que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, haya anunciado que desde este miércoles el Ayuntamiento de la capital catalana dejará de pagar el impuesto de plusvalía a los afectados por un desahucio o dación en pago.
En declaraciones a Europa Press, Colau ha celebrado la medida, pero la valora "insuficiente" y de mínimos, pues cree que se tiene que ir más allá porque las entidades financieras siguen acumulando pisos vacíos y al mismo tiempo se sigue desahuciando.
Ha explicado que en la PAH estaban "muy preocupados" y querían movilizarse después de que una activista, Eva Corredoira, preguntara la semana pasada al alcalde y al Ayuntamiento en Twitter por qué seguía cobrando la plusvalía teniendo en cuenta que Trias había anunciado que no lo harían.
A través de su perfil corporativo en Twitter, el consistorio replicó: "La propuesta estaba incluida en el proyecto de ordenanzas fiscales para el 2013, pero el proyecto no se pudo aprobar por falta de acuerdo entre los grupos municipales".
El anuncio de que no se cobrará más ha llegado pocos días después, y Colau ha defendido, como Trias, que el Estado debe abordar cambios legislativos, y, también como el alcalde, piensa que podría transferir la regulación de la plusvalía a los ayuntamientos.
RELACIÓN CON LOS BANCOS
Colau también se ha referido al hecho de que algunos ayuntamientos quieran sacar el dinero de entidades financieras que siguen desahuciando, sobre lo que, al preguntársele a Trias, el alcalde ha dicho que tiene "una estrechísima colaboración" con las entidades.
La portavoz de la PAH ha valorado que el Ayuntamiento quiere tomar medidas en cuanto a desahucios, "pero ninguna que signifique entrar en conflicto con las entidades financieras", a las que la activista cree que debe ponerse límites por su actitud, en su opinión, inmoral y antisocial.
