Reprochará la "intimidación" del Estado contra el referéndum de independencia
BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlament votará en el pleno de la semana que viene una moción de JxSí en la que se compromete a elevar a instancias internacionales una "queja formal" por los proceso judiciales contra cargos electos soberanistas como el que hay en marcha contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa.
La iniciativa, recogida por Europa Press, precisa que esta queja formal tiene que elevarse al Consejo de Europa; al Consejo de Derechos Humanos de la ONU; al comisario de Justicia de la UE, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
JxSí considera que estos procesos judiciales vulneran la libertad de expresión y el principio de inviolabilidad de los cargos electos, por lo que concluye que tiene llevarse ante la comunidad internacional "si el Reino de España actúa contra estos principios".
La moción condena la investigación abierta contra la Mesa del Parlament, y alerta de "regresiones democráticas" por parte del Estado pese a que está sometido a jurisdicciones como la del TEDH y ha firmado tratados como el Convenio de Europeo de derechos humanos (Roma, 1950).
APOYO PARA EL REFERÉNDUM
Para que prospere la moción JxSí solo necesita el apoyo de los diputados de la CUP, un apoyo que no le será difícil de obtener ya que los 'cupaires' también tienen entre sus filas a varios electos encausados como la alcaldesa de Berga, Montse Venturós.
En la moción el Parlament también pide al "mundo internacional su apoyo" a la causa soberanista y en concreto a que el Ejecutivo central permita y facilite la celebración de un referéndum de independencia.
El documento también incluye que "hay un debilitamiento de la separación de poderes en España" y cita un informe reciente del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en el que se aborda esta cuestión.
CONTRA EL "USO DE LA FUERZA"
JxSí también busca que la Cámara condene "las amenazas de manera explícita sobre el uso de la fuerza" que en las últimas semanas han hecho representantes del Gobierno central contra la celebración de un referéndum.
"Poner las urnas nunca tiene que ser considerado un delito y el uso de la fuerza para impedir dar la voz a la ciudadanía contraviene los principios y las dinámicas más elementales de toda democracia", concluye el texto.
La moción quiere que el Parlament manifieste su rechazo más enérgico "a la escaladas de amenazas y de acciones por parte de representantes institucionales y políticos del Estado", ya que lo interpretan como una intimidación a los cargos electos y a los ciudadanos.
Se refiere a declaraciones como las de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que comparó los planes de Puigdemont con el referéndum con un intento de golpe de Estado y concluyó que el Gobierno "tiene fuerza suficiente" para impedirlo.
