El Parlament pide la reforma de la financiación local tras la sentencia del TC sobre la plusvalía

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves pedir afrontar una reforma de la financiación local que asegure su suficiencia financiera, buena financiación y autonomía local, y más después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal.

Se trata de un punto de una moción de ERC, que ha presentado el diputado Ernest Maragall, que recoge que la sentencia del TC y su impacto sobre las finanzas locales evidencia la necesidad de afrontar una reforma de la financiación de los entes locales que supere el actual modelo en que el Estado "ha ido centralizando cada vez más la capacidad de decisión y disminuía los recursos" que aportaba.

En el texto también se reprueba "la inacción y dejadez de funciones" de los sucesivos gobiernos el Estado porque, a su juicio, no han sido capaces de adecuar el método de cálculo del impuesto a los requerimientos del TC y a las demandas realizadas por las entidades municipalistas.

También se ha aprobado que la revisión de la financiación local vaya acompañada de la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL),.

Además, se pide al Gobierno que se responsabilice de la pérdida de ingresos ocasionada por la sentencia del TC y que se cree un fondo extraordinario "para compensar la devolución de las liquidaciones de plusvalía que no tenían carácter firme y de las transmisiones que puedan quedar exentas de tributación", entre otras cuestiones.

Otro punto de la moción que ha salido adelante es pedir que se garantice "un papel activo" de los municipios en la asignación y gestión de los fondos europeos.

Según Maragall, la Generalitat está comprometida con elaborar una ley propia de régimen local, que recoja la cuestión de la financiación, y cree que el Gobierno debería haber reaccionado "mucho antes" con la cuestión de las plusvalías.

"DILIGENCIA" DEL GOBIERNO

Todo ello después de que la diputada del PSC-Units Marta Moreta haya reivindicado la "diligencia" del Gobierno a la hora de buscar una alternativa al fallo del TC, negando así que haya habido dejadez de funciones por su parte, y ha emplazado al Govern a actuar con la misma rapidez en otros ámbitos así como a impulsar una ley de bases y financiación local catalana.

El diputado de los comuns Marc Parés también ha asegurado que el Ejecutivo central ha resuelto "rápidamente" la situación derivada de la sentencia del TC, aunque ha compartido el resto de la moción de los republicanos.

Desde la CUP, Dolors Sabater ha apuntado que el fallo del Alto Tribunal ha evidenciado "la debilidad del poder local" y ha puesto en riesgo la capacidad de los ayuntamientos de promover políticas sociales, y por ello ha emplazado al Govern a impulsar su propia ley al respecto.

El diputado de Cs Joan García ha acusado a los socialistas y al PP de no haber sabido tratar ni afrontar todo lo relacionado con la financiación de los entes locales, y ha pedido la reforma de la LRSAL pero no su derogación.

Para la diputada del PP Eva Parera, el PSOE ha actuado con "una chulería y con una insensibilidad absoluta" en esta cuestión, y ha criticado la reforma acometida por el Gobierno sobre la plusvalía.

El diputado de Junts Joaquim Calatayud ha advertido de que cualquier cambio en la administración local afecta a todos, y que la última demostración de ello es la sentencia del TC sobre las plusvalías porque "ha evidenciado que el sistema de financiación de las haciendas locales no está bien resuelto".

Por contra, el diputado de Vox Antonio Gallego se ha mostrado en contra del impuesto de plusvalías, alegando que "es injusto y atenta contra el principio de capacidad económica y de justicia".

OTRA MOCIÓN

Los grupos también han debatido otra moción, en esta ocasión del PSC, sobre el mundo local, en la que se ha aprobado que el Parlament inste al Govern a elaborar y aprobar, en esta legislatura, la propuesta de ley de gobierno y financiación local de Catalunya, tal y como establece el Estatut.

También se pide a la Generalitat firmar un nuevo contrato programa 2022-2025, que esté vigente el 1 de enero de 2022, que se adecue a las necesidades actuales detectadas y su financiación, así como reclamar el inicio de la reforma de la cartera de los servicios sociales en 2022.

En otro punto, que también ha prosperado, se reclama el incremento del contrato programa de servicios sociales en torno a los 70 millones de euros para dotar a los ayuntamientos y consejos comarcales de más capacidad financiera para afrontar sus necesidades, y desplegar el plan estratégico de servicios sociales 2021-2024.