El Parlament quiere excluir a empresas sancionadas por competencia de la contratación pública

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción para garantizar que las empresas sancionadas por alguna autoridad de la competencia que hayan podido generar daños a la administración queden excluidas de cualquier contratación pública, algo que han apoyado todos los grupos, excepto la CUP, que ha votado en contra.

La diputada de CatECP Yolanda López ha defendido la moción, que también quiere que se promuevan cambios en los pliegues de condiciones de las contrataciones públicas, dentro del ámbito competencial catalán, para excluir a las empresas que hayan infringido el derecho de competencia: la CUP se ha abstenido, y el resto ha votado a favor.

La moción también pide un informe jurídico por resoluciones sancionadoras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y otras autoridades, para identificar si la empresa condenada ha participado en procesos públicos de contratación y determinar si se han podido sufrir daños y si existe la posibilidad de exigir una indemnización.

Por unanimidad, el pleno ha apostado por un control para impedir que empresas sancionadas por 'bid rigging' --manipulación fraudulenta de ofertas-- se beneficien de contratos públicos sin haber compensado antes los daños causados, y por una política de "tolerancia cero hacia los cárteles", apartando de la administración a personas que los hayan facilitado.

Y la moción de los comuns también insta al Govern a crear un registro público de empresas que hayan formado parte de cárteles para conocer e identificar los sectores con más afectación y "poner en guardia a las otras administraciones públicas", algo ante lo que Cs, PSC-Units y el PP se han abstenido, mientras que el resto de partidos han votado a favor.

COHESIÓN TERRITORIAL

El pleno también ha aprobado por unanimidad otra moción del PSC-Units sobre cohesión territorial que pide recuperar el presupuesto y los servicios públicos perdidos durante los años de recortes "como un elemento clave para fijar la población en el territorio".

Reclama al Govern desarrollar en seis meses un plan de incorporación activa de la población joven en el ámbito rural, y un calendario de inversiones específico para las comarcas que necesiten un trato especial.