Lluís Puig podrá votar telemáticamente por decisión de la Mesa, tras anular el TC su delegación de voto
BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament votará esta semana si reprueba al conseller de Derechos sociales, Carles Campuzano, por prometer una nueva residencia en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en un acto electoral junto al candidato de ERC a la alcaldía, Gabriel Rufián.
El pleno empieza este miércoles y la reprobación se votará el jueves: la han pedido tanto PSC y Junts en dos mociones en que reprochan a Campuzano haber vinculado la construcción de esa residencia a que ERC gane en Santa Coloma, donde gobiernan los socialistas.
De hecho, la moción del PSC también pide al Govern realizar las modificaciones de crédito necesarias en los Presupuestos de 2023 para construir esa residencia en Santa Coloma y garantizar su gestión.
El pleno de esta semana estará marcado por la decisión de última hora de la Mesa del Parlament este martes por la tarde de avalar un sistema de "voto telemático transitorio" para el diputado de Junts Lluís Puig, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya vuelto a anular su delegación de voto a instancias del PSC.
El PSC ya ha avanzado que este miércoles por la mañana pedirá a la Mesa reconsiderar esta decisión, que ve un "intento torpe" de desoír al Tribunal Constitucional a través de una decisión 'ad hoc' sobre Puig --exconseller del Govern de Carles Puigdemont en 2017 y que vive en Bélgica desde entonces--.
Se trata de una vía no prevista explícitamente en el Reglamento que ha propuesto ERC y han apoyado Junts y CUP para garantizar el derecho de voto de Puig, y que recupera el voto telemático que ya se avaló durante la pandemia para todos los diputados.
Puig deberá trasladar a la Mesa las "circunstancias excepcionales" por las que pide emitir el voto telemáticamente e indicar a la Mesa su sentido antes del debate.
PRIMER PLENO CON BORRÀS CONDENADA
Este es también el primer pleno desde que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a un amigo con presupuestos falsos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
A raíz de esta sentencia, la Junta Electoral Central (JEC) ha dado diez días al Parlament --plazo que expira a finales de la semana que viene-- para pronunciarse sobre el escaño de Borràs, y la Mesa ha acordado presentar alegaciones defendiendo no retirárselo hasta que la condena sea firme.
ACUERDO DE CLARIDAD
El pleno del Parlament arrancará este miércoles por la mañana con la sesión de control al Govern y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se enfrentará a las preguntas de la oposición tras presentar la semana pasada su hoja de ruta para un acuerdo de claridad.
La oposición ha criticado la propuesta de acuerdo de claridad de Aragonès, que busca sentar las bases para un referéndum pactado a través de una mesa de partidos y debates ciudadanos y con entidades tras las elecciones municipales, pilotados por un consejo académico.
De hecho, este miércoles por la tarde Aragonès preside la primera reunión del consejo académico del acuerdo de claridad, cuya misión es, en una primera fase, plantear "vías de solución democrática" sobre el conflicto político que luego se someterán a debate.
La sequía es otro de los temas que previsiblemente surgirá en la sesión de control, tras la cumbre fallida entre partidos y Govern para acordar medidas ante la situación de excepcionalidad por escasez de lluvias y el expediente de la Comisión Europea a Catalunya por no presentar el plan de cuencas internas 2022-2027.
LEYES
En la sesión del miércoles, el pleno celebrará el debate final de la ley para reconocer el carácter vehicular del aranés en las escuelas de la Vall d'Aran dentro del marco legislativo de la ley del catalán en las aulas frente a la orden judicial de impartir 25% de clases en castellano.
También debatirá la tramitación en lectura única de un proyecto de ley para crear la comarca del Lluçanès (Barcelona), a propuesta del Govern.
Entre el miércoles y el jueves, los grupos interpelarán al Govern sobre ocupaciones (Cs), la estrategia de la bicicleta (comuns), la "censura aplicada contra quienes denuncian" la inseguridad (Vox), el déficit fiscal (Junts), la vivienda (CUP) y la sequía (PSC), entre otros temas.
El pleno también debatirá una moción de ERC que insta al Parlament a denunciar la presencia de "la extrema derecha" en la Cámara catalana, en alusión a Vox, e impulsar un acuerdo para una campaña electoral libre de discursos racistas, tal y como hicieron el Govern y todos los partidos salvo Cs, PP y Vox la semana pasada.
HARD ROCK Y B-40
Por su parte, los comuns piden en una moción sobre Tarragona parar el macrocomplejo del Hard Rock, que Govern y PSC se comprometieron a desencallar en el acuerdo de Presupuestos de 2023, a la espera de que la Generalitat emita informes preceptivos sobre el proyecto.
También sigue pendiente de firma el convenio de ejecución de la B-40 entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès (Barcelona), que socialistas y Govern pactaron cerrar antes del 31 de marzo de este año en el acuerdo sobre las cuentas.
Generalitat y Gobierno siguen negociando sobre el convenio después de que tras una reunión este lunes el Ejecutivo se abriera a financiar esta carretera al margen de la disposición adicional tercera, uno de los escollos en la negociación hasta ahora.
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