El PSC quiere que el Govern sea acusación particular contra el exjefe de la Dgaia Ricard Calvo
BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlament votará en el pleno de la próxima semana una moción del PSC sobre el sistema de protección a la infancia y la adolescencia que insta al Govern a incrementar "inmediatamente" el número de agentes de seguridad de los centros de menores y centros de justicia juvenil que lo reclamen, en especial los que han sufrido situaciones de violencia como el de Can Rubió.
La moción, recogida por Europa Press, llega después de que representantes de trabajadores de este centro pidieron, en una rueda de prensa en mayo, más profesionales de seguridad ante la situación "insoportable" para trabajadores y residentes debido a la violencia de algunos internos, ante lo que la moción pide garantizar, con todos los recursos, la seguridad física de los trabajadores de todos los centros.
El documento llevará a la Cámara catalana a debatir sobre si insta a la Generalitat a abrir nuevos centros de acogida de emergencia para menores con un acuerdo con ayuntamientos, así como presentar en dos meses un "protocolo de aterrizaje" que recoja cómo instalar un centro de acogida en coordinación con el municipio.
El PSC también busca que el Govern haga efectivos pagos pendientes a entidades que gestionan centros de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) del ejercicio 2018 y 2019, así como consensuar con éstas un calendario para los pagos de 2019 y los del primer semestre de 2020.
El texto quiere pedir a la Generalitat que presente en sede parlamentaria una planificación de los nuevos centros de acogida, de acogida de emergencia, residenciales de acción educativa (Crae) y residenciales de educación intensiva (Crei, de tipo terapéutico) que prevé abrir este año y el que viene, especificando ubicación, características, plazas y tipología, así como el presupuesto previsto.
También ve necesario elaborar un plan de acogida y apoyo a las aulas para el alumnado recién llegado; crear planes de acompañamiento y apoyo a la transición a la vida adulta para jóvenes tutelados que han cumplido los 18 años, y elaborar un plan específico de atención especializada para menores que han sido víctimas de tráfico de personas y explotación sexual.
Otro punto de la moción pide garantizar los recursos necesarios para una atención psicológica y psiquiátrica a los niños que lo requieran, ampliar el convenio con el turno de oficio del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) para informar a los menores de sus derechos y convocar el Observatorio de los Derechos de la Infancia, que no se reúne desde 2017.
AUDITORÍA A LA DGAIA
La moción del PSC también reclama que el Govern se presente como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra el exdirector de la Dgaia Ricard Calvo.
En el mismo pleno, una moción de Cs instará a realizar una auditoría de la gestión de la Dgaia en los últimos diez años, a través de la contratación de una entidad externa e independiente, "con el objetivo de esclarecer su gestión y garantizar su correcto funcionamiento" como órgano de protección a los menores, y que presente los resultados en sede parlamentaria antes de que acabe este año.
El texto, recogido por Europa Press, propone que la auditoría debe investigar "todas aquellas adjudicaciones de contratos públicos a entidades con las que sus miembros y altos cargos o exmiembros y exaltos cargos tengan o hayan tenido vinculación, posibilitando así la persecución administrativa y/o penal de los posibles ilícitos".
