El PP dice que "combatirá desde el Parlament" aspectos de la 'Ley Celaá'

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, en una rueda de prensa sobre su programa educativo

- EUROPA PRESS

   ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, ha asegurado este viernes que su formación "combatirá desde el Parlament" ciertos aspectos de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), la 'Ley Celaá', relativos a la libertad de elección de centro, la cultura del esfuerzo y la educación especial.

   Fernández, en una rueda de prensa sobre cuestiones educativas, ha opinado que la ley es "una auténtica aberración" que rompe el consenso existente, ha asegurado, respecto a esos tres ámbitos; y ha anunciado que se inspirarán en las prácticas de defensa de la libertad educativa aplicadas en comunidades autónomas gobernadas por el PP y en otros países europeos.

   El presidente del PP ha sostenido que la 'Ley Celaá' "destruye" la idea de la libertad de elección de centro y ha asegurado que la izquierda, creyendo que la concertada es para las clases pudientes, tiene prejuicios injustos respecto a las familias humildes que hacen un esfuerzo para poder permitirse una escuela concertada con cuyo proyecto estén de acuerdo.

   El dirigente popular también ha considerado que la norma educativa "violenta" la cultura del esfuerzo, porque permite obtener un título o pasar de curso con asignaturas suspendidas.

   Por último, Fernández ha criticado "la marginación y la supresión de la educación especial y del derecho de los padres de niños con necesidades especiales a elegir centro", ya que la ley prevé que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender a esos alumnos; el candidato popular ha defendido que hay niños que no pueden asistir a los centros convencionales y ha referido que hay familias angustiadas con que sus hijos formen parte de un experimento sociológico.

   Fernández ha añadido que los aspectos lingüísticos de la ley --que sustituye la consideración del castellano como lengua vehicular por el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en dicha lengua-- son "ilegales", ya que, ha dicho, diferentes tribunales han definido que el modelo educativo debe ser de 'conjunción lingüística', con un mínimo del 25% de horas lectivas en una de las dos lenguas oficiales.