El PSC propone medidas para combatir la "precariedad" en el servicio de atención domiciliaria

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha elaborado un plan con propuestas para combatir la "precariedad" en el servicio de atención domiciliaria (SAD), dirigido a personas con autonomía limitada o en situación de vulnerabilidad que requieren cuidados en sus respectivos hogares.

La diputada del PSC-Units en el Parlament y autora del informe, Gemma Lienas, ha defendido en declaraciones a Europa Press que este servicio, prestado sobre todo por mujeres, es "imprescindible y cada vez lo será más" por el envejecimiento de la población, por lo que ha llamado a dignificar el sector de los cuidados, en sus palabras.

El SAD, que depende de la Generalitat y se presta a través de los ayuntamientos a menudo externalizado en empresas, se enmarca en un sector que está poco profesionalizado y "muy precarizado", según el informe: el 98% de las trabajadoras cobran menos de 1.000 euros mensuales; el 70% trabaja a tiempo parcial, y el 39% tiene un contrato temporal.

PROPUESTAS DE MEJORA

Entre las medidas que plantea el PSC figura establecer cláusulas sociales y laborales "que protejan a las trabajadoras" a la hora de licitar el servicio, priorizando en las cláusulas de contratación elementos más allá del criterio económico, según Lienas.

Sobre las trabajadoras, el informe pide avanzar hacia un "reconocimiento profesional más alto que permita una mejor retribución", algo que los socialistas consideran que pasa por una mejor formación, también a través cursos y de grados medios o superiores de Formación Profesional (FP).

Los socialistas, que plasmarán sus propuestas en iniciativas parlamentarias, también plantean impulsar campañas para incorporar a hombres en el SAD; mejorar aspectos organizativos del trabajo, y exigir a las empresas prestadoras del servicio disponer de un protocolo de riesgos laborales y prevención.

Proponen también crear un sello de calidad que distinga a las empresas que apliquen una retribución igual entre hombres y mujeres; la contratación de personas que forman parte de colectivos vulnerables; medidas para fomentar el empleo estable y de calidad, y el cumplimiento del convenio colectivo, entre otros aspectos.