BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PSC en la Comisión de Bienestar Social y Familia, Eva Granados, ha alertado este viernes de que el Govern ha elaborado el presupuesto de la Renta Mínima de Inserción (RMI) para tan solo 18.000 beneficiarios, cuando para 2011 se estimaron 35.000 ayudas.
"Los beneficiarios están siendo víctimas de un recorte de los derechos sociales sin precedentes en este país", ha lamentado Granados, asegurando que la cancelación de 4.521 expedientes tras el proceso de revisión es el principio de un tijeretazo mucho mayor.
Para la portavoz socialista, estas cifras de cancelación facilitadas a Europa Press por el director general de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo, Xavier López, es una "cortina de humo" porqué en realidad esconde un recorte total de 17.000 expedientes en un año.
"Estoy muy a favor del control del dinero público, pero no se puede justificar un recorte que ha afectado a miles de catalanes alegando que hay algunas personas que han salido del país", ha añadido Granados.
Según los datos avanzados por López, de los 4.521 expedientes suspendidos, el 33% corresponden a la salida del país del beneficiario (que no se puede hacer sin comunicarlo), el 24,35% no se localizaron (lo que supone más de 1.100 personas), y en el 21,12% de los casos el receptor de la ayuda tenía ingresos superiores a lo estipulado.
Otro 11,5% de los expedientes cancelados se debe a que el titular de la RMI no colaboró en el proceso de control, y el 9,6% a que dedicaba dinero a actividades que no son de subsistencia.
En este sentido, Granados ha asegurado que la noticia no está en que haya casi 1.500 personas que hayan salido del país, sino que "el Govern ha dejado sin prestación a más de 300.000 catalanes que han agotado las prestaciones por desempleo".
"El Govern ha eliminado el carácter subjetivo de la prestación y seguirá expulsando a los beneficiarios que sean necesarios para cuadrar las cuentas", ha lamentado.
"POCA SENSIBILIDAD SOCIAL"
El director de la Taula del Tercer Sector Social, Toni Codina, ha coincidido con Granados, y ha alertado de la "poca sensibilidad social que el Govern demuestra con estas cifras".
"A los 4.521 expedientes cancelados se sumarán nuevas bajas hasta perdido 11.286 ayudas, un hecho muy preocupante", ha explicado Codina a Europa Press, añadiendo que el Ejecutivo ha llevado a cabo modificaciones para ahorrar dinero y no para perseguir el fraude.
En este sentido, Codina ha valorado que las cifras demuestran que el fraude del que alertó el Govern "no ha sido tal", pues la mayoría de expedientes cancelados han sido fruto del no cumplimiento de los requisitos para el cobro, endurecidos el pasado mes de agosto mediante decreto.
