Recasens recuerda que a la Guardia Urbana no le corresponden competencias de orden público

   BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El comisionado de Seguridad de Barcelona, Amadeu Recasens, ha recordado este miércoles que la normativa vigente no atribuye competencias de orden público a la Guardia Urbana, y ha dicho que defiende "un modelo en el que cada cuerpo asuma sus funciones y responsabilidades", en referencia a la Unitat de Suport Policial (USP), conocida como sus antidisturbios.

   Lo ha dicho en la comisión municipal de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención al debatir una propuesta del PP para instar al Gobierno municipal a que el plan director de la Urbana --que Recasens ha recordado que prevé una reforma del cuerpo y sus funciones-- mantenga esta unidad, medida que se ha aprobado pese a la abstención del Gobierno de BComú y de ERC y el rechazo de la CUP, que pide su disolución.

   Por otro lado, la comisión ha aprobado con los votos favorables de todos los grupos excepto la abstención del Gobierno de BComú y la CUP la posibilidad de reestructurar la figura de los agentes cívicos, y que se proceda a formar y dotar de medios a la plantilla actual.

   La republicana Trini Capdevila ha preguntado sobre las acciones que se están realizando para elaborar un nuevo plan director de participación ciudadana --el anterior vencía en 2015--, ante lo que la concejal de Participación, Gala Pin, ha dicho que es importante "centrarse inicialmente en las normas de regulación", y que se está haciendo esfuerzos para reordenar los órganos de participación.

QUEJA CONTRA MEJÍAS

   El concejal de C's Paco Sierra ha exigido explicaciones al tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, después de que un vendedor de 'top manta' lo mencionara como su abogado en un atestado de la Guardia Urbana, tras lo que Asens ha insistido en que no ejerce como abogado desde que es concejal y ha tachado la propuesta de C's de "inquisitorial" y su contenido de difamatorio, ante lo que Sierra ha replicado que su intención es defender la transparencia y las buenas prácticas.

   Asens ha asegurado que presentará una queja ante el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) contra la líder municipal de C's y también colegiada Carina Mejías, y ha avisado de que estudiará la posibilidad de demandarla ante la Agencia de Protección de Datos, porque el atestado policial era de acceso restringido.

   Por otro lado, la comisión ha aprobado una proposición de CiU para instar al Gobierno municipal a velar por la calidad democrática en el consistorio, a favorecer el clima de diálogo y a actuar bajo el principio de lealtad institucional respetando los acuerdos del pleno y las comisiones --la oposición ha criticado que no lo hace--, medida que ha prosperado con los apoyos de todos los grupos excepto de BComú y la CUP, que han votado en contra.

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

   La concejal del PSC Carmen Andrés ha propuesto incluir en las ordenanzas municipales como uso no admitido en el espacio público la utilización de "la mujer como reclamo publicitario", incluyendo las campañas publicitarias de determinados locales de prostitución.

   La propuesta ha sido aprobada pese al rechazo de la CUP --considera que la medida estigmatiza-- y la abstención del Gobierno de BComú, ya que está en contra de la utilización de las mujeres como reclamo, pero "los clubes de alterne son legales y no siempre se atenta contra la legalidad", ha dicho Asens.

   La comisión ha aprobado una propuesta de ERC defendida por el edil Jordi Coronas para instar al Gobierno municipal a elaborar un plan de modernización de la administración pública en un período de tres meses y que esté vigente durante el 2017 para mejorar la eficiencia y la transparencia.

   La comisión también ha aprobado con los apoyos del Gobierno de BComú, de ERC y el PSC, la abstención de CiU, C's y el PP y el rechazo de la CUP prorrogar hasta marzo de 2017 el acuerdo marco sobre la contratación del suministro eléctrico del Ayuntamiento y otros organismos asociados adjudicado en 2013 a Endesa, por un importe de 28,6 millones de euros distribuidos en dos lotes.