BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El sector público de la Generalitat da trabajo a 200.000 personas, según los datos oficiales del Govern recogidos por Europa Press. De todos ellos, 165.000 trabajan directamente para la Generalitat, y el resto por entidades de derecho público, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones.
El número de empleados en la Generalitat y los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles en que participa ha tenido una evolución ascendente en los últimos años. CiU criticó hoy esta subida, y pidió austeridad, mientras que el PSC recordó que parte de este incremento se debe a que en 2003, en el último gobierno de CiU, 45.000 trabajadores de 115 entidades de derecho público no se contabilizaban en las cuentas de la Generalitat.
Según los datos oficiales del Govern, en cuanto al personal que trabaja directamente para la Generalitat --incluyendo al del Catsalut, Institut Català de la Salut (ICS) e Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)--, se ha pasado de 129.500 contratados en 2003 a 165.000.
El aumento es de 35.000 trabajadores, de los cuales, según los datos del Govern, el 85% de nuevos empleados lo hacen en plazas vinculadas a la atención al público --Mossos, docentes, personal sanitario, bomberos, agentes rurales--, y un 14% a tareas estrictamente administrativas.
El Govern recuerda que la Generalitat es la comunidad autónoma con menos funcionarios por cada mil habitantes (21), sólo superada por Ceuta (19) y Melilla (20). En el extremo contrario figura Extremadura (42), y en segundo lugar, Navarra (35,3).
226.000 PUESTOS PRESUPUESTADOS
La Generalitat recuerda que el Govern tiene presupuestados 226.000 puestos de trabajo en el sector público catalán, de los cuales 26.000 no se han cubierto. Se trata de plazas que han sido creadas y no ocupadas, aunque oficialmente aún no se han amortizado, dentro de las políticas de austeridad puestas en marcha por el Govern.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció hoy que el Gobierno rebajará el sueldo de los empleados del sector público en un promedio del 5%, medida que tanto el presidente de la Generalitat, José Montilla, como el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, apoyaron plenamente, ya que toca apretarse el cinturón para reducir el déficit público.
Es el Estado quien tiene competencia en dictar los incrementos, disminuciones o congelaciones de los empleados públicos, independientemente de si trabajan para el Estado, las autonomías o los entes locales. Por ello, la Generalitat debe seguir la decisión que finalmente adopte el Gobierno central, y su margen de maniobra se limita a altos cargos y alguna tipología de personal propio.
Desde el Govern se está muy pendiente de la decisión del Gobierno central, ya que aún está por determinar si la reducción salarial afectará sólo al personal que trabaja directamente para la administración, o bien también afecta al de consorcios, fundaciones, entidades de derecho público u empresas públicas.
