BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha lamentado este lunes la escasa difusión de la ley de transparencia que han hecho las administraciones catalanas, algo que se ha traducido en un reducido número de peticiones de información por parte de los ciudadanos en el primer año e vigor.
Lo ha hecho en rueda de prensa en el Parlament a la luz del primer informe de evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia, que Ribó ha entregado este mismo lunes a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.
Desde que entró en vigor la ley en julio de 2015 hasta enero de 2016 se han registrado un total de 3.785 peticiones de solicitud, de las que 37 han acabado en la Comisión de Resolución porque la administración no les había dado respuesta.
Según el Síndic, las escasas peticiones se deben mayoritariamente a la falta de información ciudadana pero también hay que tener en cuenta el freno que supone que los ciudadanos deban identificarse para pedir información.
La mayoría de casos se han resuelto positivamente --de manera total o parcial--, aunque Ribó cree que se debería haber hecho de un modo más ágil, por lo que recomienda reducir de 30 a 10 los días de los que dispone la administración para entregar la información requerida.
El defensor del pueblo catalán considera que las instituciones catalanas se han "precipitado" con esta ley porque requiere de una mayor vocación legislativa y es muy compleja y extensa, aunque celebra que se esté trabajando para mejorar estos aspectos.
Ribó ha admitido que este primer informe de seguimiento de la ley de transparencia es muy incipiente pero ha avisado de que en sucesivos análisis entrará "más a fondo".
El estudio se ha hecho con la colaboración de la Fundació Carles Pi i Sunyer y ha analizado 2.438 entes, 132 de ellos de la Generalitat, 1.605 de la administración local, 416 del ámbito de la cooperación, seis instituciones estatutarias, seis universidades públicas, 34 colegios profesionales, 26 partidos políticos y fundaciones y asociaciones vinculadas, nueve organizaciones sindicales y 204 de otro tipo.
Las conclusiones han llevado al Síndic a recomendar especialmente una mayor difusión del contenido de la ley, una mejor organización y formato de los datos y una agilización en la creación del registro de grupos de interés que exige la normativa.
