Pide más regulación para acabar con los pisos turísticos ilegales y dice que no recibe quejas por falta de luz en las vías públicas
BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, consideró hoy que son "insuficientes" los recursos municipales para atender a los vecinos que son víctimas de acoso inmobiliario, más conocido como 'mobbing'.
En rueda de prensa para presentar su informe anual, indicó que sólo hay una oficina para atender estos casos, y sólo hay "un letrado", algo "insuficiente". Por ello, valoró el anuncio hecho por el equipo de gobierno de crear oficinas de vivienda en toda la ciudad durante los próximos años, y en los que los vecinos podrán informarse sobre el 'mobbing' y trasmitir sus quejas al Ayuntamiento.
También pidió al consistorio que sea más ágil cuando reciba una queja de vecinos de que sufren esta práctica. Abogó por reforzar las "inspecciones" cuando tiene conocimiento de que un edificio está siendo abandonado para prevenir casos de acoso.
En cuanto al fenómeno de los apartamentos turísticos ilegales, abogó por hacer las modificaciones normativas correspondientes que permitan acabar con esta práctica, y que se destinen los medios de control e inspección suficientesa.
ILUMINACIÓN Y BICICLETAS
Malla dijo que no ha recibido ninguna queja de los ciudadanos sobre la mala iluminación de la vía pública, algo caracteriza a la capital catalana según hoteleros y entidades gremiales. También apreció que "ya no hay quejas" sobre el área verde de aparcamiento, cuya extensión en el pasado mandato fue acompañada de la polémica.
Sobre el Bicing, que se puso en marcha el año pasado, dijo no haber recibido un número de quejas significativo, aunque en sus recomendaciones, pide al Ayuntamiento una normativa que permita identificar a las bicicletas que permita localizar a los conductores implicados en un accidente de tráfico.
También sobre transporte, el informe de la Síndica emplaza a hacer una "revisión general" de las tarifas ya que, a día de hoy, no hay descuentos para las familias, especialmente las numerosas. Por ello, pide revisar la edad mínima en la que los menores tienen que comprar un billete, y que en los mismos operadores de transporte haya las mismas bonificaciones para los pensionistas, ya que a día de hoy hay diferencias entre los operadores.
Por último, se refirió al Servicio de Atención a los Inmigrantes del Ayuntamiento (SAIE) y dijo que el local que tiene es "inadecuado" para atender al número de personas que atiende. También constató que los inmigrantes que son contratados en origen no reciben una información suficiente de las condiciones laborales que tendrán, ya que una vez aquí, cobran 700 euros, una cantidad que en sus zonas de procedencia "parece mucho" pero que aquí apenas permite llegar a fin de mes.
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