Acusan al PSOE de "hacer el trabajo sucio a los fondos buitres" y convocan una protesta ante el PSC
BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat de Llogateres, movimientos sociales y los grupos parlamentarios de ERC, Junts, CUP y comuns han reclamado este viernes que el Gobierno no impugne en el Tribunal Constitucional (TC) la ley catalana que regula el precio del alquiler y que se apruebe una ley estatal en este sentido.
En rueda de prensa ante el Parlament, el portavoz del Sindicat de Llogateres, Rodrigo Martínez, ha acusado al PSOE de "hacer el trabajo sucio a los fondos buitres", mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de esta ley, y les ha pedido que elijan si ponerse del lado de la mayoría de la sociedad o de unos pequeños intereses, en sus palabras.
También ha convocado una protesta el próximo lunes a las 18 horas ante la sede del PSC en Barcelona y ha pedido a los comuns que asuman la responsabilidad de estar en un Gobierno de coalición que tumbe esta ley, y al resto de partidos presentes les ha dicho que han hecho la parte fácil y que ahora "deben pasar a la acción".
El diputado de ERC en el Parlament Pau Morales ha defendido que esta norma lleva 9 meses en vigor y ha demostrado que es un instrumento que mejora las condiciones de vida de la gente y ha logrado bajar los precios sin reducir la oferta, tras lo que ha lamentado: "Nos volveremos a topar con el vicio reincidente del Estado amparándose en un falso constitucionalismo".
Ha reprochado al Gobierno que no se hayan sentado a negociar y que se hayan enterado de la impugnación a través de la prensa, tras lo que ha llamado a hacer presión social hasta el martes para evitar esta impugnación, que está previsto que se decida en el Consejo de Ministros.
Por parte de Junts, la diputada Cristina Casol ha defendido que no hay una vida digna sin respeto a los derechos básicos y ha criticado que el Gobierno tenga una "voluntad obstructora" con la impugnación de la ley catalana.
La diputada 'cupaire' Montserrat Vinyets ha asegurado que "el marco español es un tope para garantizar los derechos", cree que el TC es un órgano recentralizador de competencias, y ha avisado que cada ley suspendida supondrá la aprobación de otra más completa y que garantice más derechos.
David Cid (comuns) ha sostenido que esta ley está funcionando, se ajusta a derecho, "se pueden encontrar los encajes para que siga vigente", y considera que se debe extender al resto del Estado, por lo que ha pedido al Gobierno y al PSOE, socio de Unidas Podemos en el Ejecutivo central, que cumpla el compromiso firmado en el acuerdo de Gobierno.
En la rueda de prensa también han intervenido representantes de entidades que apoyan la regulación del alquiler como mnium Cultural, la Taula del Tercer Sector, la PAH, el Consell Nacional de la Joventut, la Xarxa de Economia Solidaria, la Alianza contra pobreza energética y el sindicato de inquilinas de Grcia, entre otros.
