Cuestiona que se da más "protección a la propiedad privada que a la propiedad pública"
BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha criticado que la nacionalidad española "sigue siendo" un requisito para acceder al cuerpo policial, donde ha remarcado que 243 de sus 18.566 agentes nacieron fuera de España.
Trapero, que fue cesado como jefe del cuerpo y conserva el rango de mayor de los Mossos, lo ha dicho este martes en su conferencia 'Policía democrática y diversidad' en el marco de los 'Diálogos por la interculturalidad' organizados por Club de Roma, Fundación Secretariado Gitano y Fundació La Caixa que ha clausurado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
"Que yo sepa la legislación se puede cambiar", y ha recordado como en 2002 el Ejército retiró la obligatoriedad de tener la nacionalidad española para sus aspirantes para suplir la falta de candidatos autóctonos.
A su parecer esta norma es un "buen ejemplo de procedimientos antiguos que impiden no solo reflejar la diversidad social", y también ha criticado que el sistema de acceso a Mossos fuerza que la mayoría de nuevos efectivos accedan como agentes rasos, lo que dificulta reclutar a especialistas de distintas disciplinas universitarias que considera podrían ser de utilidad para el cuerpo.
El ahora responsable de la Divisió d'Avaluació de Serveis (DAS) ha expuesto que entre los mossos nacidos fuera de España hay en total 108 europeos; 5 de Rumanía, 39 de Marruecos, 10 de Colombia, 30 de Francia, 20 de Alemania y 4 de África subsahariana.
PROTECCIONES CON DISTINTA "INTENSIDAD"
En su intervención, Trapero ha recordado que "la policía abanderó históricamente algunos ejemplos de discriminación no menores, curiosamente aunque sus componentes suelen proceder de clases humildes, la policía encarnó a la perfección la protección de las clases dominantes" y discriminó a los más vulnerables, algo que cree que ya no ocurre como institución pero sí por parte de algunos policías.
Aun así ha señalado que "la elite política, económica e incluso mediática sigue ubicando a la policía casi en exclusiva en defensa de los derechos vinculados a la propiedad mientras otros no son cubiertos o velados con la misma intensidad, al final es la asignación de recursos lo que indica prioridad".
En este sentido, ha criticado que si se cuantifican los recursos dedicados a proteger propiedades en comparación a, por ejemplo, prevención de la discriminación y garantizar que las empresas cumplan la normativa laboral, "es más objeto de protección la propiedad privada que la propiedad pública, que vemos a menudo como se vandaliza o mal utiliza y la respuesta que recibe".
