Una víctima de una presunta red de pisos turísticos: "Mi casa se ofrecía como 'luxury loft to rent'"

Fiscalía pide penas de hasta 9 años para los 10 presuntos miembros del grupo criminal

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios de los pisos cuyas viviendas fueron alquiladas por un presunto grupo criminal dedicado a alquilar viviendas en Barcelona con documentación falsa, reformarlas para aumentar el número de habitaciones y subarrendarlas con fines turísticos lo descubrieron alertados por los vecinos y porque vieron anuncios con fotografías de sus propiedades en una conocida plataforma online.

En la cuarta sesión del juicio celebrado en la Ciudad de la Justícia de Barcelona, este jueves la mayoría de las víctimas han narrado frente al tribunal de la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona que, además de dejar de percibir las rentas a los pocos meses de alquilar sus propiedades, el Ayuntamiento de Barcelona incoó un proceso sancionador en su contra por alquilar sus pisos con fines turísticos sin contar con licencia para ello.

Por eso, tuvieron que contratar a abogados para no tener que pagar las elevadas multas que se le reclamaban desde el consistorio, han explicado, en su mayoría, tras una mascarilla para evitar ser identificados por los 10 acusados.

"LAS NÓMINAS ERAN FALSAS"

Uno de los afectados ha explicado que puso en alquiler un piso ubicado en Ciutat Vella y que una agencia inmobiliaria se puso en contacto con él para recomendarle a un inquilino que estaba interesado, por lo que concretaron una cita: "Me presentaron las nóminas de un joven que era enfermero, me pareció buen chico, pero resultó que las nóminas eran falsas", ha lamentado, un extremo que ha corroborado otra de las afectadas.

El contrato lo firmaron en octubre de 2019 y el inquilino dejó de pagar tras abonar tan solo la primera mensualidad, por lo que a mediados de noviembre el casero acudió a su lugar de trabajo para reclamar la cuota, pero descubrió que "el portal no existía".

En paralelo, el presidente de la comunidad le recriminó que había visto entrar a varias personas con maletas y que ya sabía que los vecinos habían acordado no ofertar pisos turísticos, así que acudió al lugar para comprobarlo: "Me abrieron la puerta unos jóvenes orientales que eran turistas, me manifestaron su sorpresas y me enseñaron la captura de pantalla en una conocida plataforma: 'Luxury loft to rent'. Un piso de 65 metros cuadrados para 9 personas".

Ante la desesperación por recuperar su vivienda el propietario acudió al Ayuntamiento de Barcelona para que se le abriese un expediente sancionador y poder recuperarla lo antes posible: "Me denuncié a mi mismo", ha señalado, tras reconocer que intentó recuperar la vivienda cambiando la cerradura hasta en dos ocasiones y que llegó a sentir miedo de los acusados.

También ha dicho que habían llenado el apartamento de camas de matrimonio, un "absurdo" por las dimensiones del mismo, mientras que otra de las testigos ha indicado que, en su caso, descubrió que en su casa había literas hasta en el salón, en sus palabras, tan solo dos días después de alquilar su piso, ubicado en el Eixample de Barcelona, al que acudió alertada por los vecinos.

Allí descubrió a un grupo de 8 turistas que habían hecho una fiesta, que habían destrozado la escalera y que le confirmaron que también habían alquilado su piso a través de la misma plataforma online.

ALGUNOS PISOS, EN CONDICIONES "NEFASTAS"

Otra de ellas ha manifestado que alquiló su piso del Eixample en 2017 a dos de los acusados --varios de los afectados han señalado a dos de los procesados como los arrendatarios-- y que en diciembre de ese mismo año avisó al Ayuntamiento de Barcelona ante la sospecha de que pudiese estar usándose como piso turístico por las quejas de los vecinos y que "por las fotos se podía deducir" que el piso que aparecía en la plataforma era el suyo.

"El Ayuntamiento de Barcelona inició una incoación contra mí, tuve que hacer una serie de alegaciones" para demostrar que estaba ocupado y no tener que pagar la multa y ha añadido que, pese a haber sido precintado por el consistorio, no pudo recuperarlo hasta el año 2022 porque siguió ocupado, motivo por el que reclama 28.000 euros por las rentas impagadas, además de los gastos legales.

Cuando lo recuperó "estaba en condiciones bastante nefastas" y los inquilinos del piso contiguo, que también es de su propiedad, se fueron por las molestias causadas, ha explicado, por lo que finalmente optó por venderlo para no tener que invertir más dinero en reformarlo.

LA INMOBILIARIA ERA "UN TONGO"

Durante el tiempo que operó este presunto grupo criminal, entre 2017 a 2020, usó siempre el mismo 'modus operandi', según las víctimas.

El algunos de los casos, uno de los acusados, a título personal, aportaba nóminas falsas elaboradas presuntamente por una empresa del entramado criminal creada para tal efecto a los propietarios para demostrar solvencia económica; en otros eran varios acusados los que se hacían pasar por representantes de una agencia inmobiliaria y que resultó ser, según una de las afectadas, "un tongo".

En algunos casos continuaban pagando las mensualidades hasta que los dueños descubrían la estafa o clausuraban el piso, momento en el que los acusados desaparecían o, si los arrendadores los localizaban, llegaban a increparlos y a coaccionarlos, incluso amenzándolos de muerte, según la Fiscalía.

En otros casos dejaban de pagar enseguida, tras abonar la primera o segunda cuota y remodelaban el piso sin consentimiento ni conocimiento de los arrendadores para construir más habitaciones, alterando la estructura de la vivienda, o bien la amueblaban con camas adicionales para alquilarlo a turistas.

Para ello, publicitaban las viviendas a través de una conocida plataforma y colocaban cámaras y alarmas por si los legítimos propietarios intentaban recuperar las casas.

Cuando tenían constancia de que los propietarios acudían a las propiedades, se desplazaban hasta las viviendas para exigirles "que abandonasen el lugar bajo amenazas de llegar a causarles algún mal" o de llamar a los Mossos o la Guardia Urbana para que los expulsasen exhibiendo los contratos de alquiler.

RECLAMAN MÁS DE 600.000 EUROS

Por los 48 hechos atribuidos a los acusados, los propietarios reclaman más de 600.000 euros por las rentas que dejaron de percibir y por los daños que causaron en las propiedades con la realización de las obras.

Por estos hechos la Fiscalía pide penas de entre 3 años y medio y 9 como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, delito continuado de estafa, delito continuado de falsedad de documento mercantil, tres delitos de extorsión y un delito leve de coacciones, así como que indemnicen a los perjudicados con la cantidad que se acuerde en ejecución de sentencia.