MELILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, y no será procesado en la causa que investiga la concesión de un centenar de contratos menores a una empresa en su etapa como consejero de Deportes.
Marín, para quien el presidente de la Ciudad Eduardo de Castro (Grupo Mixto) solicitaba su dimisión este lunes, ha dicho que los que tienen que cesar ahora son los miembros del Gobierno de la Ciudad (PSOE, CPM y Grupo Mixto) que están procesados en varias causas, entre ellos el propio De Castro.
En declaraciones a los periodistas, el número dos de los populares melillenses ha manifestado que "la Justicia, una vez más, da la razón al PP" después de que la Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla le haya notificado la admisión de su recurso y el decreto de sobreseimiento en la causa por la que la Fiscalía solicitaba una pena de diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Miguel Marín ha destacado que ahora que se ha demostrado que no cometió ninguna irregularidad y el presidente de Melilla reclamaba su dimisión antes de conocerse la decisión de la Audiencia "es De Castro quien tiene que dimitir y, antes de hacerlo, que cese a todos los miembros del Gobierno local que están investigados por la Justicia".
El secretario general del PP ha recalcado que "De Castro se atreve a pedir mi dimisión, cuando tanto él como parte de su gobierno está imputado por corrupción", motivo por el que ha manifestado que "pido formalmente su dimisión y que cese a todos los imputados"
Marín ha detallado que él ocupó el cargo de consejero de Deportes entre 2011 y 2015 y ha explicado que, de los más de 100 expedientes analizados en el procedimiento en cuestión, solo seis de ellos concernían a su responsabilidad política en ese periodo.
El ex titular de Deportes en el Ejecutivo melillense ha destacado que con esta decisión judicial queda de manifiesto que "se tramitaron correctamente como contratos menores, al tratarse de ejecuciones en fechas distintas y que afectaron a instalaciones deportivas diferentes". Por ello, ha concluido afirmando que "la Justicia, una vez más, pone a cada uno en su sitio".
