CEUTA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Ceuta, Javier Varga, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para impugnar las Bases del Presupuesto de la Ciudad que reconocen a los funcionarios en servicios especiales el derecho a percibir la indemnización por residencia, un concepto que según la formación naranja solo se extiende a los trienios, por lo que su cobro sería "indebido".
En esa situación está el presidente autonómico, Juan Vivas (PP), desde hace quince años y actualmente tres de sus consejeros (Jacob Hachuel, Emilio Carreira y Mabel Deu) y la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocío Salcedo. Varga ha calculado en declaraciones a los medios que, si el TSJA le da la razón, todos ellos deberían devolver "unos 300.000 euros", lo cobrado durante los últimos cuatro años, que solo en el caso del presidente ascendería a 71.000 euros (a razón de unos 1.300 al mes).
El recurso, que ya ha sido admitido a trámite, parte de que el Estatuto Básico de la Función Pública establece que los funcionarios en servicios especiales solo tienen derecho a seguir percibiendo los trienios "pero no la indemnización por residencia, reservada para trabajadores en servicio activo y con plaza en la ciudad".
De lo contrario "llegaríamos al sinsentido de que estaríamos indemnizando al presidente de Ceuta por serlo", ha argumentado Varga, que también ha subrayado que "los funcionarios del Estado, como Hachuel, Carreira, Deu y Salcedo, solo cobran de su Administración de procedencia los trienios, siendo la Administración local la que se hace cargo del plus de residencia".
Según el diputado de Cs, esta práctica se implantó "durante los años del GIL en el Gobierno de la Ciudad" y el PP la perpetuó con una "interpretación interesada, porque es imposible que no sepan que no les corresponde", que le permite "fijar unas retribuciones aparentemente más bajas de lo que lo son en realidad" para cargos como Vivas, que según ha explicado cobra un total de 87.534,14 euros al año, aproximadamente un diez por ciento más que Rajoy.
Varga ha lamentado que ni la Secretaría General ni la Intervención de la Asamblea han aceptado su petición de que se elaborasen informes técnicos al respecto. Solo la Consejería de Hacienda ha alegado por escrito que la Corporación es la que tiene la competencia para "determinar retribuciones de los miembros del Gobierno". "Ciudadanos no cuestiona esa competencia pero sí que se pague por un concepto indebido", ha puntualizado.
