MELILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, se ha posicionado a favor de los consejeros de CPM Hassán Mohatar y Mohamed Ahmed en la polémica que mantienen con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh (PSOE), sobre de quién es la competencia de los migrantes acogidos en la ciudad, concretamente el más de un centenar de exmenores tutelados albergados en la Plaza de Toros, ante la negativa de la Delegación de acogerlos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
A preguntas de los periodistas, Eduardo de Castro, que gobierna con el apoyo de CPM y PSOE, ha desvelado que el mismo sábado, día en el que se produjo el robo en las instalaciones de las cofradías situadas en el interior de la Plaza de Toros, habló con el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, para solicitarle que los migrantes acogidos provisionalmente en el coso taurino se les diera cobijo en el CETI.
"El sábado hablé con el ministro del Interior y le trasladé la preocupación de que no se podía sostener en el tiempo esa situación", ha señalado la primera autoridad melillense, quien ha añadido que "le dije que, dado que el CETI ha bajado en número con el traslado de varios tunecinos, a ver si era posible que su capacidad habitacional fuera allí".
Eduardo de Castro ha asegurado que el propio ministro del Interior le trasladó su "preocupación" y le aseguró "que se ponía (a trabajar) en ello".
Sobre el enfrentamiento público que mantienen la delegada del Gobierno Sabrina Moh (PSOE) y los consejeros de CPM, el de Medio Ambiente que gestiona la Plaza de Toros y el de Distritos que lleva el área del Menor, el presidente ha señalado que "se trata de una divergencia de opiniones" pero ha mostrado su apoyo a los miembros de su ejecutivo.
"Nosotros entendemos que (los menores ex-tutelados) son mayores de edad, por lo tanto son extranjeros, y Delegación del Gobierno entiende otra cosa distinta", ha subrayado antes de señalar que "es el Ministerio del Interior al que le compete este asunto", es decir a la administración central y no a la Ciudad Autónoma de Melilla.
