MELILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Melilla, Eduardo de Castro --pendiente de expulsión de Cs-- y los consejeros de Hacienda y Menor, Dunia Almansouri y Mohamed Ahmed, ambos de CPM, han declarado este miércoles ante un juez en calidad de investigados por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos.
Los tres miembros del Ejecutivo melillense han acudido al Juzgado de Primera e Instrucción número 5 "para ser oídos en declaración en calidad de investigados" tras la querella presentada por el PP por la presunta concesión "a dedo" de la gestión del nuevo centro de menores de Rostrogordo instalado a raíz de la crisis sanitaria del covid-19.
En declaraciones a los medios, De Castro ha defendido su inocencia y la de sus compañeros al asegurar que el contrato de emergencia estaba justificado y ha confiado en que el caso quede archivado "como han quedado archivados las ocho o nueve denuncias que me han presentado el PP y Vox" desde que gobierna Melilla en junio de 2019.
El presidente de Melilla, sobre el que pesa una orden de expulsión de Ciudadanos precisamente después de que su todavía formación le acusara de haber ocultado al partido esta imputación, ha asegurado que el contrato de emergencia "estaba justificado por la situación de excepcionalidad en las que nos encontrábamos y nos encontramos por la crisis del coronavirus, sobre todo en marzo de 2020".
Eduardo de Castro ha señalado que la concesión del centro de acogida de menores a una determinada empresa tuvo como objetivo "agilizar" el contrato para intervenir "ante una emergencia" que, asevera, "recoge la Ley de Contratos, como hicimos también con la compra de test, mascarillas, etcétera".
En cualquier caso, la primera autoridad melillense ha resaltado que ha declarado ante el juez que "yo me limito a firmar el contrato de emergencia, pero el presidente no es la Mesa de Contratación ni el que elige este contrato ni otro".
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL JUEZ
El magistrado titular de este tribunal, en una resolución, ha pedido a la Ciudad Autónoma de Melilla que "remita el expediente de contratación por el cual está adjudicado desde el 8 de septiembre de 2020 el servicio de Gestión de Centro de Menores en el Fuerte de Rostrogordo".
En el auto judicial se ha requerido a la Seguridad Social para que le remita un certificado de las personas contratadas desde el 8 de abril de 2020 en el centro de Menores de Rostrogordo, "con indicación de su categoría y tipo de contrato".
Por último, ha pedido a la Dirección General del Menor de la Ciudad Autónoma de Melilla y a la empresa que lleva la gestión "para que ambas informen de forma detallada del número de menores acogidos en el Centro de Menores en el Fuerte de Rostrogordo" desde el día que comenzó a funcionar esta instalación, a principios de abril de 2020.
El Gobierno de Melilla, que integran Cs, CPM y PSOE, creó este centro de acogida para descongestionar el Centro de Menores de El Fuerte de La Purísima para su descongestión, dado que su ocupación cuadriplicaba su capacidad óptima, y así llevar mejor el periodo de confinamiento por el covid-19 y evitar posibles contagios.
El PP, poco después, presentaba una querella por considerar irregular la cesión a una empresa de la gestión del mismo por presuntamente no seguir el procedimiento para este tipo de cuestiones y ello ha llevado a un juez a imputar al presidente de la Ciudad y a los consejeros de Hacienda y del Menor.
