El fiscal les acusa de haberse quedado presuntamente con fianzas carcelarias de reclusos declarados en rebeldía
MELILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
En la Audiencia Provincial en Melilla comenzó hoy el juicio contra un secretario judicial y cuatro abogados por la presunta comisión de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y estafa cometidos supuestamente a finales de los 1990 y principios de 2000, por haberse quedado presuntamente con más de 150.000 euros de fianzas carcelarias de presos en rebeldía.
La sala de audiencias de la Sala VII, bajo la presidencia del magistrado José Luis Martín Tapia e integrado por dos jueces designados desde Málaga, acogió el inicio de la sesión a partir de las 10,30 horas de hoy, en un proceso en el que está previsto que declaren todos los imputados y más de 15 testigos, por lo que el juicio podría durar al menos tres días, en sesiones de mañana y tarde.
Según el auto de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, el representante del Ministerio Público solicita 23 años prisión para el entonces secretario judicial, y penas que van desde los once a los cinco a los cuatro abogados, además de inhabilitación, multa y devolución de 153.000 euros al Estado, cantidad que supuestamente ha sido la defraudada.
El principal imputado, el entonces secretario judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, sería presuntamente el encargado de librar mandamientos de devolución de fianzas carcelarias a los abogados de los acusados, cuando éstos en realidad estaban en rebeldía.
El dinero, que alcanza la cifra de aproximadamente 153.000 euros, más de 25 millones de las antiguas pesetas, debía haber sido ingresados en el Tesoro Público, pero, según la petición fiscal, se giraba a favor de los letrados, al parecer con la intención después de repartir ese dinero con el secretario judicial. Cada abogado está acusado de haberse quedado presuntamente con parte de esta cantidad económica, aunque unos más que otros, dado que el fiscal detalla 42 casos en los que las fianzas carcelarias debían haber ido a las arcas del Estado por fugarse los acusados y en cambio pudieron ir a manos de sus representantes legales.
La Fiscalía reconoce para uno de los cuatro abogados acusados, la atenuante de reparación de daños en los delitos de malversación, después de que devolviera el dinero que presuntamente hubiera cobrado indebidamente.
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