VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El abogado del que fuera vicealcalde de la ciudad de València Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá, ya fallecida, ha defendido en el juicio que se sigue contra él y tres acusados más por la presunta caja B del PP que no hubo malversación ni cohecho y ha destacado la "inexistente" capacidad de mando atribuida a su cliente: "No hay absolutamente nada". "Se crea una atmósfera en la que todo parece corrupto", ha apostillado.
El letrado se ha pronunciado en estos términos en la exposición de su informe en la última sesión del juicio por la pieza A de Imelsa, en relación con una presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas. En esta pieza hay cuatro acusados: Grau; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
En su informe, el letrado pide la absolución para Grau "desde la convicción clínica y jurídica" puesto que "no hay en toda la causa absolutamente ningún elemento que permita sostener la malversación, el cohecho y, mucho menos, la falsedad que se introduce por las acusaciones en el último momento y que entendemos que no es correcta", ha dicho.
A este respecto cabe recordar que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular reclaman para Grau nueve años y dos meses de prisión por un delito continuado de malversación en concurso con uno de falsedad --introducido este último delito en los escritos de calificación definitiva-- y un delito de cohecho.
En concreto, sobre el delito de falsedad, el letrado de Grau se ha quejado de que lo hayan introducido las acusaciones en el último momento, lo que les puede llevar a una indefensión "porque toda persona tiene derecho a saber de qué se le acusa y aquí ha sido al final". Además, aclara: "El ministerio fiscal piensa que se ha falseado un documento para dar cobertura a algo, pero una cosa es que se cumpla poco o mal y se pague, y otra cosa es que el contrato sea falso", ha matizado.
Por otro lado, en relación con la presunta malversación y el cohecho, el abogado ha indicado que "debería quedar fuera de toda consideración fáctica y valoración jurídica" la acusación de que existía una operativa criminal de entregas de dinero por parte de empresarios con una fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento para el pago de las campañas electorales.
A este respecto, ha explicado que las cantidades que se suponen malversadas en esta pieza son las de las propias entidades y ha apostillado: "Si estas financiaciones de empresarios fueran las que motivan la acusación, sería un delito de financiación ilegal de partidos políticos. Si hablamos de aportaciones empresariales, hablar de malversación y cohecho no tiene sentido", ha insistido.
Más concretamente, sobre el cohecho, el letrado también ha subrayado que siguen sin saber cómo se concreta ese supuesto cohecho: "Y no será porque no se ha podido investigar a sus anchas, porque en el procedimiento ha habido tiempo de secreto y tiempo para investigar cuentas. Y no hay absolutamente nada", ha advertido.
Además y en este contexto, el letrado ha asegurado que es "inexistente" la capacidad de mando atribuida a Grau en el Ayuntamiento de València y también "inexistente" en la Fundación Turismo Valencia, Fivec o CEyB.
Sobre las fundaciones ha indicado que eran entidades jurídicamente privadas --lo que evitaría la malversación-- y no hacían lo que ordenaba el Ayuntamiento. Por ejemplo, sobre la Fundación Turismo Valencia ha explicado que se constituyó en 1990, un año más tarde fue designado gerente Salinas y Grau fue el presidente, pero "no mandaba" puesto que había "ocho patronos iniciales de diferentes entidades. Hay un estatuto y una junta de patronos y se decidían las cosas. No mandaba el presidente", ha repetido.
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"SERÍA LA ÚLTIMA PERSONA"
El abogado de Grau ha dedicado una parte de su informe al testimonio prestado por el que fuera asesor de Grau y extrabajador de Laterne --empresa que realizó la campaña electoral del PP en 2007-- Jesús Gordillo, quien ante la Guardia Civil y en instrucción acusó al exvicealcalde y aportó documentos y, durante el juicio, se desdijo de todo.
Las acusaciones han solicitado que se deduzca contra Gordillo falso testimonio mientras que la defensa considera que la versión que dio en el juicio "es la verdad".
Al respecto, el letrado de Grau ha señalado que su cliente sería "la última persona" a la que Gordillo tendría que causar un mal --le dio trabajo en el consistorio cuando pasaba por dificultades--. Y ha añadido que cuando Gordillo acusó a Grau estaba en el paro: "Había un estado de necesidad en el sujeto y quizá alguien lo sabía y lo utilizó. Es terriblemente extraño", sostiene.
"¿Alguien se ha preguntado por qué este señor hizo lo que hizo en la Sala?; ¿No hubiera sido más cómodo dejar las cosas como estaban?; ¿A lo mejor le pesó en la conciencia la injusticia que cometió con quién menos se lo merecía y decidió repararlo?", se ha preguntado.
