ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante ha contemplado 943 fichas dentro del nuevo catálogo de protecciones y que suponen 90 fichas más que el presentado en el pasado mandato. Entre las novedades hay 23 nuevas iglesias, 58 edificaciones y nueve zonas arqueológicas.
En este nuevo catálogo han desaparecido, sin embargo, tres edificios que fueron demolidos después de que, al no ser aprobado el anterior catálogo, quedarán liberados de la protección.
El nuevo catálogo se llevará a Junta de Gobierno la semana que viene y se convocará una Comisión de Urbanismo extraordinaria para dar traslado del documento a la oposición. Además, se paralizan los plazos de exposición pública por el estado de alarma, según ha indicado el edil de Urbanismo, Adrián Santos, en una rueda de prensa virtual este viernes.
Santos ha subrayado que, ante la posibilidad de que los propietarios vean como "un problema" la protección, se adoptarán un conjunto de medidas para apoyar el patrimonio. Así, se ha referido a que en la nueva ordenanza de licencias se considera como prioritario cualquier proyecto que contemple patrimonio protegido y que, además, se ha propuesto reducir el impuesto sobre las construcciones, ICIO.
El concejal de Urbanismo ha apuntado que los edificios con protección menor a Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien de Interés Cultural (BIC) podrán crecer en altura. Así, si el remate es "significativo" la altura crecerá "retranqueada".
Finalmente, sobre las Torres de la Huerta, Adrián Santos ha expuesto que "todas" son BIC y, por tanto, deben contar con un entorno de protección. Sin embargo, se dan casos concretos como Torre Mauro, ubicada en un entorno "consolidado", de modo que las torres quedarán pendientes de un Plan Especial que preserve "una de las señas de identidad" de Alicante.
EXCESIVO PROTECCIONISMO
"El patrimonio no es una cuestión ideológica y entendemos que esto tiene que salir con el mayor consenso posible", ha alegado Adrián Santos, que ha recalcado que las modificaciones "no son sustanciales" y que "evitan que el catálogo no sea viable".
Preguntado al respecto del hecho de que, en este tiempo, se han demolido tres edificios que sí estaban protegidos en el anterior catálogo, Adrián Santos ha señalado que no se aprobó por cuestiones de indemnización que hacían "inviable" su aprobación. Así, ha estimado en 250 millones de euros el coste de las posibles reclamaciones de los propietarios y ha rebajado esa cantidad a nueve millones de euros en el actual documento.
"Al final estás recortando derechos adquiridos que ya tienen edificaciones, parcelas y solares, que el plan de 1987 les daba una determinada edificabilidad, y a la hora de proteger un edificio le estás restando un derecho adquirido y puede llegar el momento en que el Ayuntamiento tuviera que indemnizar", ha relatado.
Para Santos, había que buscar la "viabilidad" del catálogo y "en aquel momento no era viable abordar un catálogo en el que las indemnizaciones alcanzaran cifras astronómicas".
Frente a ello, el edil ha sostenido que el catálogo debe "contemplar la realidad" porque "al final, el ser excesivamente proteccionista a lo que aboca al patrimonio es a que se pierda, que es lo que ha pasado en esta ciudad".
