Blasco critica la "subasta irresponsable" y lamenta que deja a la Comunitat en "condiciones muy difíciles"

Actualizado: martes, 14 julio 2009 16:24

VALENCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, afirmó hoy que el hecho de que la partida adicional para el nuevo modelo de financiación autonómica "comenzara con un techo de ocho o nueve millones y que, por presiones de determinadas organizaciones políticas, se haya ido subiendo como si fuera una subasta absolutamente irresponsable desde el punto de vista político, deja en muy mal lugar al Gobierno y a algunas comunidades, como la valenciana, en unas condiciones de financiación, una vez más, muy difíciles".

Blasco hizo estas declaraciones en respuesta a los medios de comunicación, tras firmar un acuerdo con los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Francisco Molina y Conrado Hernández, respectivamente, para la integración laboral de los inmigrantes. Así, lamentó que la actuación del Gobierno es "absolutamente discriminatoria respecto de cómo se deben abordar las cuestiones de Estado" aunque destacó que la financiación "continúa siendo un tema abierto" y espera "a ver cómo se puede resolver".

El responsable autonómico, calificó de "auténtico esperpento político" el que se "intente negociar con dos autonomías, y más concretamente con una --en referencia a Cataluña--, de espaldas a los intereses del resto de las comunidades". Al respecto, afirmó que en la Comunitat Valenciana la "discriminación arbitraria" es "todavía más relevante" porque "hasta hoy el Gobierno nos está computando por el censo de 1999, cuando había prácticamente un millón de personas menos de las que hay en este momento".

Esta situación, dijo, está generando "tensiones presupuestarias" en la Comunitat y está "haciendo peligrar la calidad de servicios públicos como la sanidad, la educación y otros servicios sociales".

Según aseguró, desde la Generalitat pretenden "buscar puntos de encuentro" e hizo hincapié en la "solidaridad que debe reinar entre un Gobierno que tiene que trabajar al servicio de todas las comunidades autónomas y sociedades", por lo que apostilló que el Ejecutivo central "debería tener un criterio más objetivo y procurar una mayor participación" para la negociación.