VALENCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, instó hoy a todos los grupos parlamentarios en las Corts a dialogar sobre la futura Ley del Estatuto de las Personas Cooperantes Valencianas "para lograr un acuerdo sobre los derechos y las prestaciones para los cooperantes valencianos", según informó la Generalitat en un comunicado.
Con esta regulación, la Comunidad Valenciana se convierte en la primera autonomía que amplía la normativa estatal sobre personas cooperantes. Por lo tanto, el Estatuto del cooperante valenciano "supera la regulación estatal que estableció por Real Decreto 519/2006 de 28 de abril, el Estatuto de los cooperantes en España.
Así, las principales novedades de la regulación autonómica valenciana con la estatal son el tratamiento de la materia con rango de ley; la concesión de derechos y prestaciones concretas y directas; la inclusión de la familia del cooperante; la inclusión de los misioneros y cooperantes ligados a confesiones religiosas así como, una indemnización para las personas cooperantes valencianas en caso de ser víctimas de secuestro u otros actos violentos.
De este modo, el conseller Blasco destacó que la actual normativa estatal necesita "un desarrollo complementario" ya que "decepcionó que el Estatuto del Cooperante se planteara como una norma demasiado genérica, con pocos derechos concretos, y sin recoger muchas reivindicaciones de las personas y entidades implicadas en la cooperación internacional al desarrollo, que sí figuraban en la propuesta alternativa que al efecto presentó el PP". "Se trata, pues, de una regulación algo fallida, necesitada de un importante suplemento para desplegar una eficacia real", recalcó.
En esta línea, en opinión de Blasco, "resultó también decepcionante para cooperantes y ONGD, que el instrumento normativo para regular el estatuto fuera un Real Decreto y no una ley. Por un lado, porque la figura del voluntario sí fue regulado mediante Ley", indicó.
Así, el conseller señaló que "otro gran error fue excluir de su ámbito a los misioneros de la Iglesia católica y a los cooperantes vinculados a otras confesiones o comunidades religiosas, porque su tarea de cooperación o acción humanitaria no se rige por una relación contractual". Al respecto, aseguró que el 70 por ciento de la cooperación está ligado al ámbito religioso.
Para el titular de Solidaridad y Ciudadanía, también se cometió "un error en la falta de contextualización de la figura del cooperante, considerándolo una figura abstracta y olvidando que, en muchos casos, tiene una familia".
"Esto hubiera exigido que el Real Decreto contemplara prestaciones a favor del cónyuge e hijos menores del cooperante para evitar que las entidades promotoras privilegien en los contratos a quienes no tienen responsabilidades de este tipo, lo cual significaría una injustificada discriminación", manifestó Rafael Blasco, quien subrayó que la regulación autonómica valenciana "ha considerado este aspecto de manera primordial".
