CASTELLON, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castellón, Miguel Alcalde, denunció hoy en rueda de prensa que el equipo de gobierno del PP permite a una empresa constructora, en referencia a Lubasa, que pague menos impuestos que el resto de ciudadanos y mercantiles, lo que, en su opinión, supone una "discriminación y una irregularidad".
Según indicó, tras recabar documentación, se puede demostrar que dicha empresa y todas sus filiales "llevan años pagando de forma irregular, ya que incumple las ordenanzas respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalación y Obras (ICIO) y la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos".
En concreto, el socialista criticó que Lubasa paga entre un 30 y un 40 por ciento menos en concepto de dichos impuestos y tasas que el resto de empresas o personas que solicitan una licencia de obras.
Alcalde explicó que el importe que se debe pagar por el ICIO se calcula en base al coste real y efectivo de la construcción, instalación y obra, es decir, el coste de ejecución material de la misma, mientras que la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticas se paga por la actividad municipal, técnica o administrativa necesaria para la prestación del servicio de licencia de obras, cuyo importe se calcula también sobre el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
Según Alcalde, esta empresa, "con conocimiento del equipo de Gobierno del PP", realiza un "montaje" a la hora de liquidar estos impuestos, y a diferencia del resto de mercantiles, "presenta dos presupuestos diferentes de cada obra: un presupuesto global, que representa el coste total de ejecución material, y otro presupuesto "sesgado", en el que "no contabiliza todos los capítulos del presupuesto al 100 por cien, sino que contabiliza algunos al 100 por cien y otros al 15 por cien".
"Así -señaló el socialista- este segundo presupuesto es mucho menor, y como se basan en él para calcular la liquidación del impuesto y de la tasa, la empresa se viene ahorrando entre un 30 y un 40 por ciento de dichos impuestos".
El socialista puso como ejemplo las obras del parking del Hospital General adjudicadas a Lubasa, en las que, según denunció, la empresa debería de haber pagado 403.554 euros por el ICIO y, sin embargo, pagó 280.903 euros, mientras que en concepto de la tasa abonó 35.112 euros, cuando debería de haber pagado 50.444 euros, así como la edificación de VPO junto a la Universitat o un edificio de oficinas, "donde las cantidades que se pagaron tampoco se corresponden con las que se deberían abonar".
El Grupo Municipal Socialista ha preguntado al equipo de gobierno al respecto, "quién afirma que el hecho de presentar dos presupuestos diferentes para computar el ICIO y la tasa no es ilegal", agregó Alcalde.
Sin embargo, los socialistas señalaron "no estar seguros de la legalidad de esta actuación, ya que, por lo pronto, se está incumpliendo la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO, en la que se especifica que la base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación y obra, y se entiende por tal el coste de ejecución material de la misma", subrayó Miguel Alcalde.
Así mismo, el GMS entiende que el hecho de que sólo una empresa realice esta "sospechosa" práctica "pone de manifiesto que estamos, como mínimo, ante un posible trato de favor por parte del PP y ante un agravio comparativo ante el resto de empresas y ciudadanos que, cumpliendo con la ordenanza, no toman ningún atajo para pagar menos impuestos".
"El PP -añadió Miguel Alcalde- con su permisividad hacia estos comportamientos perjudica las arcas públicas, que dejan de ingresar anualmente cientos de miles de euros", y se preguntó "por qué en este Ayuntamiento siempre se beneficia a la misma empresa, por qué se le adjudican obras y actuaciones urbanísticas, muchas de ellas rodadas de polémica, por qué se le permite iniciar obras sin las preceptivas licencias de actividad y construcción, y por qué los técnicos municipales sólo intercambian información de forma constante con los de esta mercantil, rozando la ilegalidad".
Además, los socialistas se cuestionan "por qué el PP no quiere investigar el intento de fraude cometido contra este Ayuntamiento en el caso del parking del Hospital General, y cuyo principal beneficiario era la misma empresa".
Según el concejal socialista, en el Ayuntamiento de Castellón "existen dos ventanillas: una para los amigos del PP, en la que pueden liquidar impuestos por un 30 o 40 por ciento menos de lo que deberían y obtener las licencias en breve periodo de tiempo, y otra para el resto de ciudadanos, donde se liquida el 100 por cien del proyecto de ejecución de cada obra".
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