VALNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
CCOO PV ha hecho uso de uno de sus últimos cartuchos para que la justicia investigue las "torturas" a sus fundadores en la época del Franquismo y ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en base a tres argumentos: la no prescripción de delitos; la previsión del derecho internacional de delitos de tortura; y la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Así lo ha explicado el abogado redactor de este recurso, Virgilio Latorre, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez; y la secretaria general de CCOO PV, Ana García.
En total son 11 los querellantes que han decidido dar un paso más y llegar al Tribunal Europeo tras la desestimación de los recursos por parte de la justicia española y del Tribunal Constitucional. Se trata, según ha desgranado García, de Mercedes y Carlos Boix, hijos de Salvador Boix; Cesar Llorca; Enrique Gardó; Daniel Girba; Aurora del Alcázar; Concha Fondo; César Mañas; Angel García; Francisco Serrano; y Vladimir Bataller.
Estas personas fueron militantes de CCOO y participantes en la que se considera su reunión fundacional celebrada en diciembre de 1966 en la sede de Lo Rat Penat. Denuncian sanciones, despidos, torturas, encarcelamientos y exilios por defender salarios y condiciones de trabajo más justas.
Durante un tiempo, ha destacado el abogado, ha estado "muda" toda petición de descubrimiento de la verdad, investigación y reparación del daño. Primero con los tribunales militares, que desoyeron las denuncias, y luego con la aprobación de la Ley de Amnistía, de carácter preconstitucional.
"La mera investigación --ha apuntado-- ha sido limitada por los tribunales españoles en base a que los hechos estaban prescritos, puesto que habían pasado más de 20 años desde que se cometieron y se denunciaron, y en base a un problema con el principio de legalidad, manteniendo que los delitos de torturas no estaban previstos en la legislación cuando se produjeron".
Sin embargo, el letrado ha cuestionado estos argumentos. A su juicio, la prescripción no puede operar porque en aquél momento no había posibilidades de denuncia con lo que el plazo debería ampliarse.
Así mismo, sostiene que el derecho internacional sí preveía entonces los delitos de tortura y lesa humanidad, y éste es de aplicación directa en España.
Por último, sobre la Ley de Amnistía, ha advertido de que es inconstitucional y ha destacado que la anulación de la misma supondría no solo la reparación para los querellantes, para CCOO, sino también para todos los que lucharon por la libertad. "Sería reponerles sus derechos y libertades de forma plena y material", ha sintetizado.
Latorre, en su recurso --sobre el que se podría tener una respuesta en unos cuatro meses desde su admisión a trámite--, cuestiona el papel del TC y afirma que "no es de recibo" que el Alto Tribunal considere que estos hechos tienen una trascendencia constitucional y posteriormente no los resuelva. "Se han lesionado los derechos de los querellantes por no haber un procedimiento efectivo", considera.
¿QUÉ PASA SI PROSPERA EL RECURSO?
El letrado, preguntado por qué ocurriría si el recurso prospera en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha manifestado que desconoce exactamente la solución jurídica que se le pudiera dar a este caso.
Ha indicado que la legislación no preveía estas situaciones y ha apuntado a varias posibilidades: la revisión de las resoluciones dictadas hasta ahora y dictar una nueva resolución para llevar a cabo una investigación; o la aplicación directa de la resolución y dictar resoluciones de oficio o a instancias de parte.
Además, si el Tribunal Europeo afirmase que la Ley de Amnistía es inconstitucional, se tendría que modificar la ley por parte del Parlamento y se produciría un nuevo status jurídico que permitiría la revisión de las resoluciones dictadas en el sentido de poder ser investigadas, ha advertido.
"VERDADEROS REFERENTES"
La consellera Rosa Pérez ha destacado que los querellantes son "verdaderos referentes, grandes luchadores" y ha asegurado que la impunidad del Franquismo en el país "es una anomalía democrática incomprensible".
Por su parte, Ana García ha manifestado que con este recurso "estamos ante un hecho histórico": "Es la primera vez que un sujeto jurídico, CCOO, llega hasta el final en un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos para conseguir que se declaren inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Amnistía de 1977 y para que se juzguen conductas tipificadas como crímenes de lesa humanidad y delitos de tortura", ha apostillado.
"En esa época a la organización se le persiguió y los fundadores sufrieron las consecuencias de la represión", ha dicho, para agregar que el recurso "es un acto de justicia histórica". "Lo hacemos por el presente y también por el futuro. Es necesario que se sepa lo que pasó en el país durante la dictadura", ha afirmado.
