VALENCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El director general de Planificación y Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, afirmó hoy que la nueva ley del Suelo estatal que está preparando el Ministerio de la Vivienda "generará efectos muy negativos", ya que "producirá una enorme inseguridad jurídica y aumentará el precio del suelo", además de que supone "una clara invasión de las competencias de las comunidades autónomas".
Pedro Grimalt realizó estas declaraciones en Madrid con motivo de su asistencia a una reunión multilateral de directores generales de Suelo y Urbanismo de las diferentes comunidades autónomas, convocada por el Ministerio de la Vivienda, con el fin de deliberar sobre el anteproyecto de ley del Suelo estatal.
"A las comunidades autónomas se nos ha dejado muy poco tiempo para estudiar un borrador que va a producir una gran confusión e inseguridad jurídica, ya que solapa dos formas de clasificar el suelo, la estatal y la autonómica", denunció.
De hecho, agregó, "mientras la clasificación urbanística vendrá determinada por el Plan General, la situación del suelo como rural o urbano se derivará de la aplicación de un artículo muy confuso de la nueva legislación estatal".
Tal como ha planteado el Gobierno central en el anteproyecto de ley, "se producirá un incremento del precio del suelo, por su oferta rígida y poco adaptada a las nuevas demandas, y una desvalorización del suelo no urbanizable que impedirá el desarrollo rural", subrayó Pedro Grimalt.
Grimalt señaló que la nueva ley "contiene varias determinaciones totalmente inconstitucionales". "No se puede regular desde el Gobierno Central competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas", dijo, y agregó que "de hecho, hay un marco competencial y una serie de leyes urbanísticas que el ministerio no debe controlar".
Según explicó, "el Gobierno central no puede exigir un porcentaje mínimo de VPO del 25% en los nuevos desarrollos urbanísticos, puesto que esa determinación es una asignación de usos del suelo, que es de competencia autonómica".
También aseguró que esta medida del Gobierno central "es inútil y contribuirá a desequilibrar el mercado y crear guetos de vivienda social", y agregó que "lo realmente útil es exigir un estudio sobre las necesidades de vivienda para cada caso concreto, tal como establece la nueva ley Urbanística valenciana".
"Tampoco se pueden imponer controles económicos ni de seguimiento de los procesos de urbanización que corresponden a las autonomías, ni utilizar abusivamente las competencia en legislación básica sobre medio ambiente para imponer normas que vacíen de contenido las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio de las comunidades autónomas", criticó Grimalt.
El director general de Planificación y Ordenación Territorial criticó que la ley que prepara el ministerio "venda como grandes novedades la libertad de empresa en la urbanización, figura que ya contempla la legislación valenciana, y la prohibición de reclasificar durante 30 años el suelo afectado por un incendio".
Grimalt añadió, en este sentido, que el Gobierno central, después de criticar el urbanismo valenciano, "ahora está copiando punto por punto figuras y procedimientos de la ley valenciana", que "son mucho más exigentes y prohíben indefinidamente cualquier reclasificación de suelo afectado por un incendio forestal".
