Foto: ESCAL
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VALENCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las Corts Valencianes han rechazado este jueves, con los votos en contra del PP, la creación de una comisión de investigación para aclarar las posibles responsabilidades que pueda haber en la parte del proceso realizado por la Generalitat Valenciana en relación con el procedimiento de adjudicación de la construcción y concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor en la costa de Castellón, presentada por el grupo Compromís.
El diputado de la coalición Josep Maria Pañella ha justificado durante su intervención la apertura de la comisión porque, a su juicio, la Generalitat "ha omitido su obligación de defender a los valencianos" en este proyecto que finalmente ha sido paralizado tras los seísmos registrados en la zona y ha conllevado el pago de una indemnización de 1.350 millones de las arcas públicas.
Según ha indicado, la Generalitat "tenía que haber hablado" durante la tramitación del expediente del almacén, cuando se presentó la Declaración de Impacto Ambiental, pero "asumió la falta de un informe de riesgo sísmico" y no lo pidió, como sí hicieron otras administraciones. Por tanto, para Pañella, el Consell es "responsable de ese silencio" y cabe analizar su responsabilidad.
Desde el PP el diputado Mariano Castejón ha rechazado apoyar la petición al no estar su grupo "por la labor de justificar ni malgastar recursos en una acción para desviar la atención", dado que "ninguna administración puede tener responsabilidades sobre procedimientos sobre los que no ha tenido competencia" y en este caso la Generalitat "no participó en el proceso", que fue únicamente responsabilidad del Gobierno central socialista, que aprobó la construcción en 2008.
"Aquí no pinta nada la Generalitat", ha incidido el diputado 'popular', que ha reiterado que fue el PSOE quien "firmó un contrato comodísimo para ACS" con la cláusula de la indemnización que, según ha recordado Castejón, el Gobierno ha recurrido sin éxito. Por tanto, ha lamentado que se intente "repartir las culpas e intentar culpabilizar al PP en este proceso" cuando "todas las firmas las firmaron socialistas".
Así, ha recalcado que el PP quiere que "se investigue todo el proceso" pero "donde corresponda, por quien tenga competencias y poder de resolución" y ha instado también a esperar las conclusiones de la Fiscalía "para ver si se actuó realizando o no todos los informes pertinentes" y "si se puede denunciar por delito ambiental o patrimonial al Gobierno socialista".
En la réplica, Pañella ha insistido en que aunque la Generalitat no participara en el procedimiento "omitió el deber de defensa de los valencianos", a lo que Mariano Castejón ha respondido asegurando que el Consell actuó ante los seísmos garantizando la seguridad de la población.
Por su parte, el diputado de EUPV Víctor Tormo ha afirmado que Castor es "símbolo de otro saqueo del patrimonio natural y dinero público del pueblo" y ha criticado que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera que "los ciudadanos salen ganando con el Castor, que la hibernación saldría más barata que la puesta en marcha". Así, parafraseando al 15-M, el diputado ha lamentado: "Nos mean y dicen que llueve".
Asimismo, ha lamentado que el Consell es "corresponsable" del Castor junto al Gobierno del PSOE porque "no hizo alegación del impacto ambiental y sísmico.
RESPONSABILIDAD POR "OMISIÓN"
En esta misma línea se ha pronunciado la diputada socialista Ana María Besalduch, que ha cuestionado si desde el Consell se comprobó la documentación ambiental y geológica y ha advertido de que "es una grave irresponsabilidad no controlar los proyectos que afectan a la Comunidad" en pro de la seguridad de los valencianos.
"Por omisión se tienen muchas responsabilidades", ha agregado la diputada, que también ha recordado que el proyecto comenzó en 1996 y que desde el PSOE no tienen "ningún miedo a que se investigue" el proyecto.
Por su parte, el diputado del PP ha explicado que la Generalitat dio los permisos pertinentes a la planta terrestre de Castor, dado que "en el mar no tiene competencias" y es allí donde surgieron los problemas. Al respecto, Besalduch le ha espetado que "es evidente que los permisos en alta mar son responsabilidad del Gobierno central pero la Generalitat podía hacer alegaciones e hizo dejadez de funciones".
