VALENCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat valenciana y las Asociaciones de Consumidores de la Comunitat constituyeron hoy una mesa de coordinación, información y trabajo conjunto para atender las demandas de los cerca de 20.000 afectados en esta autonomía por la presunta estafa de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa, según explicó hoy el director general de Seguridad Industrial y Consumo, Carlos Mazón, tras la reunión con los representantes de estas asociaciones.
En este sentido, Mazón resaltó que esta mesa tendrá "carácter permanente" y se reunirá periódicamente, cuando vean "la necesidad de poner en común las distintas experiencias". Además, destacó la predisposición y puesta en disposición "altruista y de mayor trabajo e incluso colapso" de las Asociaciones de Consumidores y el "clima de cooperación y de ayuda que desde el primer momento está presidiendo esta mesa de coordinación", apuntó.
Sobre el número de afectados, explicó que hay entre 15.000 y 20.000 en la Comunitat, pero que "la propia empresa dice que no puede dar datos seguros porque desde el mismo día de la intervención judicial tienen caídos todos los servicios telemáticos". De estos afectados, un 50 por ciento se encuentran en la provincia de Alicante, un 40 por ciento en la de Valencia y un 10 por ciento en la de Castellón.
Asimismo, apuntó que uno de los objetivos de la mesa de coordinación es poner a disposición de los usuarios el listado completo de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat, y "si están o no en el proceso de personarse en el proceso judicial que se está llevando a cabo".
En este punto, indicó que las asociaciones que han solicitado personación como parte interesada son "en este momento" la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), la Federación Central de Consumidores, Tyrius, Lucentum, Lledó, Unae y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE-PV). Al respecto, dijo que tienen "las mejores perspectivas de que se acepten todas las personaciones que se puedan realizar".
Por su parte, el presidente de Avacu, Fernando Móner, destacó que entienden "la preocupación de los ciudadanos", pero que hay tiempo "para personarse, para hacer reclamaciones, y no hace falta que sea hoy o mañana cuando acudan a las asociaciones de consumidores". Además, apuntó que desde el Consejo de Consumidores de España están en contacto con la Audiencia Nacional para "intentar tener información que transmitir a los ciudadanos" y resaltó la importancia de "coordinar para que sea una misma la información que llegue a los usuarios".
También, el coordinador de Adicae, Juan Pedro Ávila, resaltó que el proceso "va a ser largo y no hay que precipitarse". Además, dijo "no hay que caer en mensajes de que se va a solucionar todo o de cuáles son las vías de actuación a seguir ahora cuando nadie todavía tiene acceso al sumario", por lo que señaló que hay que esperar a saber "qué documentación hay en la investigación de la Audiencia Nacional", en base a la cual las organizaciones de consumidores se coordinarán y darán "información y las directrices oportunas".
Por su parte, un representante de la Federación Central de Consumidores Carlos Ruiz Navarro resaltó que si le hubiera ocurrido a él "estaría muy cabreado", por lo que los usuarios "tienen derecho a estar como les parezca", pero quiso trasladar un "mensaje de tranquilidad". Además, destacó el apoyo "claro" del director general de Consumo y el avance que supone "la coordinación entre todas las asociaciones de consumidores".
"NO HACER VALORACIONES"
Carlos Mazón también apuntó que la reunión celebrada entre la Dirección de Seguridad y Consumo y las Asociaciones de Consumidores "no es una reunión para hacer valoraciones sobre leyes, decretos, órdenes ministeriales, ni siquiera de responsabilidades ni competencias" sino de "coordinación de trabajo y de asistencia a los consumidores".
Asimismo, señaló que "no realizarán valoraciones o darán consejos concretos sobre qué hacer con el dinero de cada uno de los consumidores, o si hay que ir ya a pedir la devolución de las inversiones", ya que hacerlo es una "irresponsabilidad". Además, resaltó que aún no hay noticias del estado patrimonial de la empresa, ya que "los administradores judiciales de la misma fueron nombrados ayer y todavía no ha emanado la más mínima instrucción".
En este sentido, preguntados sobre la posibilidad de recuperar el dinero, Juan Pedro Ávila sostuvo que "todavía es precipitado hablar de si van a poder recuperar capital y de cuánto patrimonio hay". Así, señaló que no hay que "lanzar expectativas infundadas", pero apuntó que ellos solicitarán que se busque hasta el último céntimo, que el dinero se encuentre".
Consultados también sobre las medidas cautelares que se adoptarán, Ávila afirmó que sus equipos jurídicos "han de ver lo que está en el sumario, y entonces tomarán las medidas oportunas", pero que aún no tienen "la información, ni la documentación, ni los números reales que están implicados en este asunto".
Asimismo, preguntados sobre la posible dotación de una partida presupuestaria de la Generalitat para ayudar a las Asociaciones de Consumidores, Carlos Mazón indicó que "es pronto todavía para saber qué necesidad concreta hay y si es necesaria la consignación o no de partidas extraordinarias". Pero indicó que estarán "atentos a las necesidades extraordinarias que puedan surgir para poder atenderlas adecuadamente".
Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana incluidas en el listado elaborado por la mesa de trabajo son Adicae, Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores 'Tyrius', UCE-PV, Avacu, Unión Independiente de Consumidores y Usuarios, Asociación de Consumidores y Usuarios Raderval, Unae, Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones Austel, Consumo 2000 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Alicante, Federación Central de Consumidores, Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad Valenciana y Amas de casa, Consumidores y Usuarios de Alicante 'Lucentum'.
Al respecto, Carlos Mazón resaltó que "no hay otros representantes de los consumidores en la Comunitat Valenciana" e indicó que ante "la más mínima duda" de plataformas de afectados o afectados individuales sobre si su interlocutor es una asociación autorizada o no, aquellas personas interesadas pueden informarse en el teléfono de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo, 900-500-222.
