VALENCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
EUPV presentará una iniciativa parlamentaria para derogar la Ley 6/2002 de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, pactada en su momento por PP y PSOE, al considerar la formación que establece "privilegios injustificables desde un punto de vista democrático".
Así lo ha anunciado el portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, quien ha defendido que "cuando alguien deja de ocupar un cargo público, por importante que este sea, pasa a ser un ciudadano más y no tiene sentido que mantenga privilegios de ninguna clase".
El diputado ha recordado que su grupo ya presentó una propuesta de derogación de esa norma hace un año, en forma de enmienda a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2012, que fue rechazada con los votos de PP y PSOE.
No obstante, EUPV va a insistir y presentará una proposición de ley para que se celebre en las Corts un "debate específico sobre las prebendas de los expresidentes, que en el actual momento de crisis económica son aún más injustificables". "¿Con qué cara puede el Consell mantener esos privilegios mientras aplica tantos recortes sociales y despide a miles de trabajadores del sector público?", se ha preguntado Blanco.
OFICINA DE APOYO Y ASESORES
El portavoz adjunto de EUPV ha explicado que según esta ley, los expresidentes de la Generalitat pueden disponer de una oficina de apoyo con un local y dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario, dos puestos de trabajo eventuales con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, con un automóvil del parque móvil de la Generalitat a su disposición. Asimismo, el Consell dota también a los expresidentes de los servicios de seguridad "que se consideren necesarios" y éstos pueden formar parte del Consell Jurídic Consultiu como miembros natos.
Hasta el momento, ha detallado Blanco, "Francisco Camps es el que ha hecho uso de todo el pack, mientras que Olivas prefiere disfrutar ahora de su statuts como presidente de Bancaja" y Eduardo Zaplana "dispone en Madrid de un servicio de escoltas pagado por la Generalitat, lo que debe costarnos a todos los valencianos un buen pico".
Así, ha justificado la necesidad de derogar el Estatuto y ha concluido: "si quieren asesores, conductores y escoltas, que se los paguen ellos".
