VALENCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exsecretario autonómico de Bienestar Social con Juan Cotino, David Calatayud, ha asegurado este lunes que respecto al modelo residencial en la Comunitat Valenciana "se podía haber hecho más y mejor", pero ha destacado que "la legalidad marcó siempre nuestra actuación". "Tengo la conciencia muy tranquila porque actué según la legislación vigente", ha manifestado.
El también exsecretario autonómico de Familia y Coordinación Social se ha pronunciado en estos términos en la comisión de investigación de las Corts que estudia el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes en los centros del grupo Savia.
Ha explicado que las competencias en la materia las tuvo durante poco mas de un año, ya que llegó a la Conselleria de Bienestar Social en julio 2007 y al año siguiente, en septiembre de 2008, se dividió la secretaria autonómica en dos y se creó la de Dependencia y Discapacidad con Joaquín Martínez al frente.
El diputado de Podemos David Jiménez y la parlamentaria de Compromís Mónica Álvaro de Compromís le han pregunto por la posible vinculación del entonces conseller de Bienestar Social Juan Cotino con empresas adjudicatarias.
"En todo momento Cotino nos comunicó que se había desvinculado previamente a tomar posesión del cargo de conseller y no tenía ningún vínculo con las empresas después de tomar posesión", ha dicho el compareciente al respecto.
El diputado de C's David de Miguel ha dicho que hay "sospechas" de que el exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus "utilizaba el conseller de turno para obtener contratos de accesibilidad social a cambio de mordidas o contraprestaciones". Calatayud ha respondido que no le consta "ninguna relación especial".
Por su parte, la socialista Concha Andrés le ha preguntado si fue el encargado de elaborar la orden de 5 de diciembre 2007, que, a su juicio, "fue un instrumento que se utilizó para consolidar la exclusividad de las residencias".
David Calatayud ha explicado que la elaboración de la orden "fue una tarea de toda la conselleria; no sólo implicaba a la Secretaría Autonómica, sino fundamentalmente a los técnicos y profesionales que saben cómo redactar y desarrollar una orden". Ha defendido la necesidad de esta orden porque "en aquel momento necesitábamos obtener más plazas y por la famosa exclusividad no podíamos sacar concurso público".
PROGRAMA "AFORTUNADO"
Desde el PP, Juan Carlos Caballero le ha inquirido sobre la incidencia de la Ley de Dependencia. "Cuando llegue a la Conselleria en julio 2007 me sorprendió la evolución que habíamos tenido en los últimos años de plazas residenciales", ha destacado el ex alto cargo, quien ha añadido que "el programa que se inició en 2001 fue afortunado porque sirvió para prever las consecuencias que iba a deparar en cuanto a demanda de plazas residenciales la Ley de Dependencia".
Así, ha añadido que "fue un programa que salvó en parte las deficiencias que podíamos haber encontrado en la aplicación de esta ley". No obstante, ha señalado que en 2007 existía "la urgencia y la necesidad crear más plazas", porque la Ley de Dependencia "levantó unas expectativas grandísimas en la sociedad".
Para tener más plazas, "lo hicimos como nos indicaron los técnicos, sin mayores injerencias por parte de ninguna empresa ni sector empresarial".
"UNA DE LAS CUESTIONES MÁS IMPORTANTES"
Posteriormente, ha comparecido en la comisión de las Corts el exsubsecretario de la Conselleria de Bienestar Social Carlos Alberto Precioso, que ha destacado que el contrato de accesibilidad, "por su volumen económico y número de plazas", era "una de las cuestiones más importantes que había en la Conselleria".
El exsubsecretario, que entró en la Conselleria en junio de 2011, ha explicado, a preguntas de los diputados, que una serie de informes jurídicos "nos decían de una forma no explícita que podría haber nulidad sobrevenida" del procedimiento por la Ley de Apoyo a los Emprendedores, pero, por otra parte se mantenían condiciones de exclusividad.
"La situación jurídicamente era un callejón sin salida", ha explicado el exsubsecretario, quien ha indicado que es funcionario de carrera desde 1989 y no había visto "un problema jurídico de semejante empaque".
"Fuimos valientes y optamos por pedir la nulidad", ha resaltado Carlos Alberto Precioso, quien ha añadido que estaban "preocupados", porque "nos podíamos haber encontrado con indemnizaciones brutales". Pero "lo hicimos porque entendimos que era la situación más idónea y menos gravosa para los intereses públicos y para el interés general".
"EN ESTO NO NOS EQUIVOCAMOS"
En otro momento de su intervención, ha manifestado: "Me importaba un bledo que empresa fuera o dejara de ser" la adjudicataria. También ha destacado "nos equivocamos mucho y cada día salen cosas de lo muy mal que hicimos las cosas según parece. Pero en esto no nos equivocamos". Asimismo, ha negado haber recibido "presiones" para dar "trato de favor" a alguna empresa.
