VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El que fuera alcalde de San Antonio de Benagéber (Valencia) entre 1987 y 2015, el 'popular' Eugenio Cañizares, ha defendido en el juicio que se sigue contra él por presunta prevaricación que se realizaron diferentes encargos al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y abogado en activo, José Antonio Sancho Sempere, porque "era el que más experiencia tenía" para tramitar los asuntos del consistorio: "Se hizo lo mejor para el interés general".
En la vista, durante las cuestiones previas y antes de que declarasen los acusados --Cañizares; el exsecretario interventor de la misma localidad; y José Antonio Sancho Sempere--, las defensas han pedido varias nulidades relativas a la prescripción y a un informe de la Agencia Antifraude.
En relación con la primera cuestión, han defendido que esta causa habría prescrito puesto que la contratación con Sancho Sempere se realizó en 1997 y el procedimiento principal se inició en 2013. Sobre la segunda cuestión han argumentado que se amplió un informe sin que lo hubiera ordenado el juez "y con la finalidad de incriminar".
Fiscalía y la acusación particular --que representa al consistorio de San Antonio-- se han opuesto a estas pretensiones al estimar que la prevaricación ha sido continuada en el tiempo. Sobre el informe de Antifraude han recordado que no se ciñe únicamente a lo dictado por el juzgado, sino que si encuentra algo delictivo, "es su misión" advertirlo. El tribunal ha decidido resolver estas cuestiones planteadas en sentencia.
Tras ello, han empezado a declarar los acusados, quienes se enfrentan a nueve años de inhabilitación de la administración local --tal y como reclama provisionalmente el ministerio fiscal-- por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Según se desprende de la calificación, Sempere asumió desde 2003, de manera exclusiva, la representación procesal del Ayuntamiento de San Antonio en distintos litigios. Este encargo se hizo por el exalcalde, "mediante una atribución verbal, sin pactar un precio concreto y sin seguir el procedimiento legal establecido". Por estos trabajos --hasta 2011-- se facturaron más de 146.000 euros al consistorio.
Al respecto, Cañizares ha explicado, únicamente a preguntas de su letrado, que antes de realizar los encargos a Sancho Sempere se habló con diferentes abogados pero "Sancho era el que más experiencia tenía y el que menos cobraba", ha apostillado.
Ha señalado que había "urgencia" para que Sancho Sempere se hiciera cargo de diferentes asuntos judiciales que habían heredado del Ayuntamiento de Paterna, y esto se adoptó en una comisión gestora en la que había vocales designados por los partidos políticos. "Lo mejor para el interés general era el buffete de abogados de Sancho por su experiencia. Sabía muy bien todos los pleitos que había y la fórmula que se podía llevar", ha señalado.
En esta línea, Sancho Sempere ha concretado que su relación con San Antonio se remonta a 1987, cuando Cañizares, tras ser elegido alcalde, contactó con él para hacer un expediente de constitución del nuevo municipio, que se logró materializar 10 años más tarde, en 1997.
Así, se le designó como letrado para la defensa de este expediente y, posteriormente, y hasta 2011, para otros pleitos litigiosos. Esto --la municipalidad-- se encargó sin expediente de contratación: "Eran circunstancias especiales de extrema urgencia y de susto y no se hizo", ha alegado. También estuvo unos años como secretario del consistorio pero no cobró nada por este cargo.
Mientras seguían llevando pleitos, ha dicho, no mandaron ninguna factura al consistorio para cobrar hasta 2007. Para el cobro, ha explicado, no había pactado ningún honorario y se rigió por los baremos del Colegio de Abogados. "Pasé las facturas con arreglo a eso baremos y siempre tirábamos por bajo", ha añadido.
Sobre los honorarios, ha explicado que desde 2007 empezó a facturar al consistorio importes inferiores a los 3.000 euros mensuales. "Le propuse a Eugenio Cañizares cobrar una cantidad mensual y no de golpe por todo lo terminado, algo similar a lo que cobraba al mes un abogado en otros municipios. Lo hicimos así para no agravar las arcas municipales. Fue un precio muy asequible para aquéllos tiempos", ha insistido.
"HUBO DESIGNACIÓN LEGAL"
Así, en resumen, ha afirmado que no existió expediente de contratación de sus servicios pero sí una designación legal. Tampoco se pactaron precios: "No hubo contrato, sí una designación. Entrábamos en algo insólito y hay circunstancias llamativas pero era así y se podía hacer según la normativa. Todos los trabajos fueron ejecutados y eran de defensa jurídica", ha afirmado.
Por su parte, el exsecretario interventor del Ayuntamiento de San Antonio, que comenzó a trabajar en la entidad en 1999, ha señalado que Sancho Sempere estuvo trabajando muchos años para el consistorio pero no empezó a facturar hasta 2007. Así, se le iban enviando los requerimientos judiciales de diferentes temas vía fax y por correo y se hacía cargo. De precios no se hablaba, ha dicho.
Cuando recibieron las primeras facturas comprobaron que estaban acomodadas a las tarifas del Colegio de Abogados y no podían poner reparos por este motivo. "Cobraban lo mínimo", ha apostillado, para agregar que sí había un contrato civil con el abogado para sus trabajos. "Era una contratación genérica", ha dicho. También ha afirmado que comprobaba los trabajos realizados por Sancho Sempere.
