Asegura que la derogación del trasvase del Ebro fue "oportunista" y "transgredió los principios de gobernanza del PHN de 2001"
VALENCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El director de la revista Tractat de l'Aigua y profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València (UV), Vicent Franch, consideró hoy que el 'Informe Camps' que se presentó en el Comité de las Regiones de Europa es "un ejemplo diáfano de buena gobernanza del agua", lo que implica "un diálogo interdisciplinar entre todos los agentes implicados y los actores, expertos y ciudadanos, afectados".
Vicent Franch, codirector del seminario que organizan conjuntamente la Fundación Agua y Progreso y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), se refirió así en el acto de inauguración del seminario sobre 'Agua y Gobernanza', que se celebró en la sede de Valencia de la institución académica, según informó la Fundación en un comunicado.
Franch comentó que es "deseable que los gobiernos den ejemplo de legitimidad democrática, pero también es deseable que sus decisiones sean tomadas teniendo en cuenta las demandas de aquellos a quienes representan", es decir, que su actuación "sea participativa en todos los ámbitos", resaltó.
Así, el término "gobernanza" se refiere a "una manera de gobernar diferente del modelo de control jerárquico, un modo más cooperativo en el que los actores estatales y los no estatales participan en redes mixtas público-privadas, y que responde a los nuevos modos de gobernar que la democracia avanzada implica, basada en un gobierno responsable y transparente", argumentó.
Franch puso como ejemplo de "buena gobernanza en el agua" al 'Informe Camps' que el presidente de la Generalitat presentó en el Comité de las Regiones de Europa y que fue aprobado por el pleno del Comité en abril del pasado año. El documento, indicó, "aboga por los trasvases intercuencas como método para combatir la escasez de agua en la Unión Europea, así como por la coordinación cooperativa y por la transparencia en la toma de decisiones en el ámbito de la planificación hidrológica".
A su juicio, el documento reclama que se adopten "medidas estructurales adecuadas para solventar de manera sostenible los problemas de escasez de agua y sequía" y reivindica también "la solidaridad dentro de cada uno de los Estados miembros afectados, el principio de subsidiariedad, y el protagonismo de las regiones y municipios para resolver los problemas que afectan a este recurso vital y a su protección". Asimismo, se pide evitar una "tarificación estricta que restrinja el acceso al agua únicamente a los sectores de los servicios y el consumo".
"DEMOCRACIA PARTICIPATIVA"
Para Franch, el 'Informe Camps' es "un ejemplo de participación ciudadana en la toma de decisiones y elaboración de directrices, que cumple los criterios que establece el concepto de gobernanza", un caso que contrapuso con la derogación del PHN de 2001 y del trasvase del Ebro que contemplaba, lo que, en su opinión, "no tuvo en cuenta los criterios de consenso y democracia participativa que se siguieron para su elaboración", por lo que esta decisión "transgrede los protocolos de gobernanza que debe guiar toda acción política", aseguró.
"Se trata de un protocolo que debe seguirse en todas las acciones y decisiones políticas, tanto para hacer como para deshacer", subrayó. A este respecto, el profesor de la UV consideró un "flagrante" en términos de gobernanza la derogación del trasvase del Ebro.
Señaló que el PHN "se elaboró siguiendo criterios de democracia participativa y buscando soluciones que dieran respuesta a demandas colectivas consensuadas, logradas a través del diálogo, y dando cumplimiento a la Directiva europea", mientras que su derogación se estableció mediante "una decisión arbitraria que proporcionaba satisfacción únicamente a una minoría", apuntó.
"DEFICIENTEMENTE ARGUMENTADA"
"La elaboración del PHN fue rigurosa, plural, compleja, detallada, contrastada y consensuada con autoridades, redes privadas y públicas de usuarios, expertos y ciudadanos". Por el contrario, "su derogación se produjo mediante un decreto ley cuya motivación era oportunista en lo político, deficientemente argumentada y sólo avalada por una ratificación parlamentaria aritméticamente solvente", lamentó.
Franch remarcó que "lo que se construyó paso a paso de manera paciente y negociada con los principales actores políticos, económicos, territoriales, sociales y ciudadanos fue derrumbado en un solo y expeditivo acto, cuyas lamentables consecuencias alcanzan a la actualidad" y aseveró que "la revisión de aquella decisión unilateral desde criterios de buena gobernanza es un reto pendiente no prescrito".
