El fiscal pide 35 años de cárcel para un profesor por 9 delitos de abuso sexual y corrupción de menores

CASTELLÓN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal solicita 35 años de prisión para un profesor de un colegio de Castellón que fue detenido en enero del pasado año, al que acusa de nueve delitos continuados de abuso sexual y un delito de corrupción de menores en la modalidad de producción de pornografía infantil.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, difundido este miércoles por la Fiscalía de Castellón, el acusado, que desde septiembre de 2001 prestaba sus servicios como maestro en un colegio, realizó tocamientos a menores de entre siete y doce años y fotografió a algunas de sus acciones en el interior de las aulas y dentro del horario lectivo, prevaliéndose de su condición de profesor de primaria. Los hechos, según el fiscal, se realizaron desde enero de 2009.

Las menores, como consecuencia de los hechos, sufrieron confusión e interferencia para su desarrollo psicosexual al no poder diferenciar adecuadamente entre conductas adecuadas e inadecuadas.

El acusado fue detenido por la Policía Nacional en las inmediaciones de otros centro el 27 de enero de 2010 tras ser alertados los agentes por unas vecinas al haber visto al profesor realizar fotografías a los niños que se encontraban en el patio del centro escolar.

Al procesado se le intervino una cámara digital que portaba una tarjeta de memoria y que contenía 21 fotografías realizadas en el interior de un aula de su centro de trabajo, en las que realiza tocamientos en la zona de los glúteos y las piernas de menores.

El 29 de enero, el acusado entregó a la Policía 13 tarjetas de cámaras fotográficas que tenía en su domicilio, que contenían imágenes realizadas por el procesado desde, al menos, enero de 2009 con el ánimo de satisfacer su deseo sexual.

El fiscal demanda para el acusado 27 años de prisión por nueve delitos continuados de abuso sexual, así como inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y ejercicio de profesión relacionada con la docencia por seis años. También pide la prohibición de que el procesado se aproxime a los menores a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse con ellos por un periodo de cinco años.

Por el delito de corrupción de menores, el ministerio público solicita ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer por otros seis años, así como el comiso y destrucción de las tarjetas de memoria intervenidas al acusado.

Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado y la Generalitat valenciana, como responsable civil subsidiario, sean condenados a indemnizar a cada una de las menores, a través de sus representantes legales, con 6.000 euros por los daños morales producidos.