VALENCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministerio fiscal ha solicitado al titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un presunto agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), una fianza de 500.000 euros para dos empresas del imputado Daniel Calzada, después de que éste no haya aportado bienes suficientes para cubrir la cantidad que le estableció el magistrado para asegurar responsabilidades pecuniarias.
En concreto, la fiscal encargada de este procedimiento ha solicitado al juez la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil de las mercantiles Llar Calzada S.L. y Rehabilita Aqua, con el fin de exigir a su legal representante la prestación de fianza de 500.000 euros.
Según recuerda la fiscal en su escrito, el magistrado dictó un auto en enero de 2012 en el que indicaba la mercantil Llar Calzada, administrada por Daniel Calzada, facturó a Emarsa entre 2004 y 2006 1.274.076,86 euros. Mientras que a través de la empresa Rehabilita Aqua, este imputado facturó en 2006 126.770,68 euros.
En los hechos objeto de investigación --según exponía el juez--, existen "sólidos" indicios para considerar que estas mercantiles fueron empleadas por Calzada para emitir facturas a Emarsa, en las que se reflejaban entregas de bienes o prestación de servicios ficticios, permitiendo y facilitando la salida de fondos públicos "en beneficio propio y ajeno".
Por este motivo, el magistrado fijó una fianza de 500.000 euros para Daniel Calzada, que no ha sido cubierta en su totalidad. Por este motivo, la fiscal considera que ambas mercantiles deben ser traídas al proceso como responsables civiles subsidiarias.
El juez, en una providencia dictada este viernes, acuerda unir al proceso este escrito fiscal. Por otro lado, en esta misma resolución, ordena sumar diversa documentación aportada por la Emshi. Entre ella, están las cuentas anuales e informes de auditoría y gestión de Emarsa de los años 2004 a 2009, e informes de auditoría, situación y de liquidación del año 2010.
Además, el magistrado acuerda unir a la causa los presupuestos consolidados de la Emshi y de Emarsa de los años 2004 a 2010. En estos presupuestos se recogen el plan de explotación, el plan de inversiones y actuaciones a realizar, y los estados de previsión de ingresos y gastos.
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