ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sl (EVha), ha iniciado el proceso de regularización de 155 viviendas públicas con ocupantes sin título en el barrio del Carmen de Alicante.
Con este proceso se inicia una campaña de regularización que se extenderá a los municipios de la Comunitat Valenciana en los que haya ocupantes sin título en viviendas públicas, informa la administración autonómica en un comunicado.
El director general de EVha, Alberto Aznar, ha explicado el motivo de comenzar en Alicante: "Se trata del municipio en el que hay mayor número de ocupaciones, un total de 276, por lo que debemos hacer frente a este problema que padece el parque público y que ha sido relegado durante muchos años para darle una solución efectiva".
En la actualidad, un número elevado de viviendas de la Generalitat están ocupadas irregularmente. Sin embargo, muchos de estas personas ocupantes, se estima que cerca del millar, son susceptibles de acogerse a una posible regularización ya que podrían cumplir con las condiciones para ser adjudicatarios de una vivienda pública y, en algunos casos, viven una situación de vulnerabilidad social.
De las 276 regularizaciones que se van a llevar a cabo en la ciudad de Alicante, 155 pertenecen a viviendas del barrio del Carmen. A continuación, la campaña se trasladará al grupo Miguel Hernández, donde se normalizará la situación de 93 familias. Por último se seguirán en otros grupos más reducidos de la ciudad.
La necesidad de agilizar esta campaña ha hecho que la Conselleria contrate un servicio para la regularización de ocupantes sin título en la ciudad de Alicante. Posteriormente, la previsión es poder ampliar la contratación para desarrollar el procedimiento en todos aquellos municipios que se encuentren en esas mismas circunstancias.
La Generalitat, a través de la Vicepresidencia Segunda, trabaja en la creación de los mecanismos necesarios para regularizar la situación de cerca de mil familias que residen en viviendas del parque público sin título desde hace años. En abril de 2017 entró en vigor una resolución de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana que establecía los criterios para estudiar la regularización de los ocupantes de estas vivienda, estudiando caso a caso las circunstancias de cada familia.
Con el paso del tiempo, muchas de estas familias mejoraron las condiciones de habitabilidad de la vivienda y se integraron en las comunidades de vecinos, pero la falta de un título legal les impide normalizar su situación y les deja fuera del marco legal frente a la Generalitat.
Antes estas situaciones y dentro del Plan de Normalización impulsado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, se ha comenzado a trabajar en Alicante.
Hay que tener en cuenta que se trata de una actuación excepcional para familias que residen sin título durante años en viviendas públicas. Sin embargo, el Consell determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales en pisos sociales por varias razones: vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de solicitantes de vivienda, impiden la rehabilitación del inmueble y suponen un riesgo para el propio ocupante y el resto de vecinos puesto que, en muchos casos, van acompañadas de enganches ilegales a las redes de suministros.
INSPECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Este servicio se encarga de identificar y apoyar socialmente a las familias que ocupan este tipo de viviendas y las acompañará hasta que formalicen los contratos de alquiler social y se lleve a cabo su inserción en las comunidades de vecinos.
El trabajo del servicio se establecerá en dos fases. La primera hará referencia a los trámites previos a la adjudicación de la vivienda. En ese proceso se incluyen tareas como: inspección e identificación de todos miembros de la unidad familiar que residen en el inmueble; notificar la oferta de regularización; recogida y análisis de la documentación; comprobar que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios de promoción pública y sus circunstancias socioeconómicas.
Esta primera fase también establece el cumplimiento de unos criterios subjetivos mediante los que deberán demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio, entre otros aspectos.
La segunda fase se llevará a cabo una vez se haya realizado la adjudicación administrativa de la vivienda. Una vez notificada, se revisará el estado del inmueble para comprobar si requiere obras para obtener el certificado de habitabilidad.
Cuando se haya obtenido dicho certificado, se les ayudará a gestionar diversos trámites administrativos y se les acompañará a darse de alta de los suministros. También se les hará un seguimiento de cumplimiento de las obligaciones comunitarias y sobre el conocimiento de las normas de la comunidad de vecinos.
