La Generalitat prestará asistencia jurídico a la Fundación Agua y Progreso

VALENCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gabinete Jurídico de la Generalitat prestará asistencia jurídica a la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso por medio de los letrados integrados en ese órgano, por lo que recibirá una contraprestación de 2.000 euros, según figura en un convenio suscrito entre el Consell y esta fundación que hoy publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) a trravés de una resolución de Presidencia.

La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento en derecho, a través del área jurídica de Presidencia, como la representación y defensa en juicio por medio de los servicios centrales del Gabinete Jurídico, en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica al Consell de la Generalitat, según señala el texto.

Como contraprestación del servicio de asistencia jurídica, la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso abonará al Gabinete Jurídico de la Generalitat 2.000 euros anuales, cantidad que será actualizada cada año de acuerdo con la variación del IPC.

Esta cantidad podrá ser objeto de revisión al cabo del primer año de vigencia y de mutuo acuerdo entre las partes, en función del número y la importancia de los asuntos.

En los procesos en los que existan condenas en costas, corresponderá a la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso el abono de los gastos causados a la parte contraria, mientras que, cuando la condenada en costas sea la parte contraria, el importe de las causadas a la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso se ingresará a favor del Gabinete Jurídico.

La compensación podrá generar crédito por su importe en los estados de gastos correspondiente a la Presidencia de la Generalitat. Así, una vez acreditado el ingreso en el Tesoro Público de esta cantidad, la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo tramitará el consiguiente expediente de modificación presupuestaria por tal concepto.

El convenio, que fue suscrito el pasado 14 de febrero, tiene una duración de un año, y se entenderá prorrogado tácitamente si no existe una denuncia expresa de ninguna de las partes, que deberá ser comunicada con una antelación de tres meses.