VALENCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Requena (Valencia) ha abierto juicio oral contra los tres exresponsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio, Enrique Pérez Boada y Enrique Benede, y otras siete personas más en una causa abierta por presunta prevaricación y otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance.
Así consta en un auto, en el que el juez acuerda abrir juicio oral contra estas diez personas --como autores directos--, y contra la corporación municipal de Jalance y el IVF de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat valenciana --como responsables civiles subsidiarios--.
Además, el juez acuerda que los acusados presten una fianza solidaria de 763.559 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse a lo largo del procedimiento, y remite las actuaciones a la Audiencia Provincial de Valencia por ser el órgano competente para encargarse de la vista oral.
Junto a los tres exresponsables del IVF, el juez abre juicio oral contra el exalcalde de Jalance, Ángel Abed Navarro Navarro; el expresidente del Consejo de Administración, Joaquín Boil; el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L., Pedro López; el administrador de la entidad, Joaquín Miguel Boil; y otras tres personas más.
Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.
De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.
Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.
SOLICITUD DE PENAS
Para dos exdirectores del IVF, la acusación particular --que representa a los querellantes-- solicita 15 años de cárcel y 12 de inhabilitación; mientras que para el ex director de inversiones de esta entidad --Benede-- pide dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación.
Por su parte, reclama para el exalcalde de Jalance la pena de 46 años y siete meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para cargo público; y respecto a los miembros de la sociedad, pide desde un mínimo de 46 años y tres meses de cárcel, hasta 59 años y siete meses. Para los otros tres acusados en el procedimiento, que celebraron su boda en el hotel, reclama entre 10 y 12 años de prisión.
Por su parte, la Fiscalía solicita una pena de 18 años de prisión para el exalcalde de Jalance, y solicita el sobreseimiento de la causa para los exresponsables del IVF Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio. También reclama entre siete meses y 19 años de cárcel para el resto de procesados en la causa.
