El juez de Imelsa investiga a Alfonso Grau por delito electoral

   VALENCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del caso Imelsa, ha citado a declarar en calidad de investigado a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y que fue mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, por presunto delito electoral.

Junto a Grau, el magistrado tomará declaración el próximo 19 de septiembre, también como investigados, al que fuera administrador de la candidatura del PP para las elecciones municipales de 2011 José Antonio Moscardó, y a Juan José Medina, exalcalde de Moncada y exvicesecretario de organización del partido en la provincia. Ambos figuran como autorizados en una cuenta bancaria que investiga el juzgado por no estar sometida a fiscalización alguna.

Así mismo, tendrá que comparecer ante el juez el exasesor municipal que figura como titular de otra cuenta bancaria en la que el partido ingresaba el dinero procedente de la venta de la lotería de Navidad: Alejandro Fernández Checa.

La declaración de estos cuatro imputados, en relación con los comicios de 2011, se incluye en la pieza separada del caso Imelsa relativa a los delitos de blanqueo de capitales y de delito electoral.

Precisamente por esta pieza, y en concreto por el delito electoral, comparecieron este lunes ante el juez la exsecretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster, y la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015 Montserrat Tello. Fuster y Tello se contradijeron entre ellas en relación con el conocimiento que el PP provincial tenía de la existencia de una cuenta opaca en el partido.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada al delito electoral el pasado mes de julio, es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat: Diputación --a través de la empresa Imelsa--; Ayuntamiento --a través de la Concejalía de Cultura--; y Generalitat --a través de la empresa Ciegsa--. La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Se estructura en una pieza principal y cuatro separadas.