Justicia pone en marcha el servicio de lectura fácil de resoluciones para personas con discapacidad o dificultades

VALNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia e Interior ha puesto a disposición de los ciudadanos con discapacidad que acceden a la Justicia un servicio de traducción en formato 'lectura fácil' de resoluciones judiciales dirigidas a personas con diversidad funcional y dificultades de comprensión o cognitivas tramitadas en órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.

El departamento que dirige Elisa Núñez adjudicó el pasado mes enero un contrato, pionero en España, que permite adaptar las resoluciones judiciales a un lenguaje comprensible para las personas que así lo requieran. Esta adaptación del lenguaje judicial constituye "un desafío y una obligación ineludible del sistema de justicia", según ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

La adecuación escrita de resoluciones judiciales a 'lectura fácil' es un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a textos, al diseño y maquetación de documentos y a la validación de su comprensibilidad, destinada a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora.

En esta línea, para corregir los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad la plena participación en materia judicial, la Conselleria de Justicia ofrece el servicio de traducción de resoluciones de los órganos judiciales aplicando el sistema de 'lectura fácil' que se soliciten por los órganos judiciales, fiscalías, colegios profesionales de abogados y procuradores, así como las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito, Oficinas de Atención a Víctimas, unidades de atención social y puntos de información.

El departamento que dirige Elisa Núñez asegura que está en "permanente revisión para evitar que los déficits que arrastra nuestro sistema judicial levante barreras visibles e invisibles para las personas con diversidad funcional". El objetivo es "trabajar para que la Justicia sea igual para todos los ciudadanos, independientemente del nivel económico, lugar de residencia o condiciones físicas", señala la Generalitat.