VALENCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario Podemos ha presentado en las Corts Valencianes una propuesta de resolución en la que reclama al Consell que inste al ejecutivo central al cierre "inmediato" los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que se replantee su política migratoria y que declare la Comunitat "libre" de estos centros, en cumplimiento de los Derechos Humanos, según ha anunciado en un comunicado.
La portavoz adjunta de este grupo parlamentario, Fabiola Meco, y el diputado Antonio Estañ, autores de la propuesta, afirman que los CIE son "centros públicos de carácter no penitenciario donde se retiene de manera cautelar a personas migrantes para asegurar su expulsión".
Sin embargo, argumentan, los CIE se configuran en la práctica "como lugares en los que se priva de libertad a personas en situación administrativa irregular y donde se vulneran los Derechos Humanos, como en numerosas ocasiones se ha denunciado desde la sociedad civil y como avalan las declaraciones en este sentido de organismos estatales como el Defensor del Pueblo e internacionales como el Comisario de Europa para los DDHH".
Según el Informe 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el año 2013 fueron internadas en estos centros 9.002 personas, de las que fueron expulsadas sólo 4.726, por lo que "no sirven para la función prevista para la que fueron creados".
Los parlamentarios aseguran que ha sido la ciudadanía y la sociedad civil organizada "quienes se han comprometido con la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y, en particular, con la denuncia de las vulneraciones de derechos que sufre la población migrante", pero advierten de que es "necesaria una voluntad política decidida en la defensa y ejecución de políticas migratorias basadas en el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su situación administrativa".
"PUNTA DEL ICEBERG"
Para Podemos, los CIE "no son más que la punta del iceberg de la actual política migratoria represiva desarrollada por las instituciones, que se manifiesta en redadas basadas en perfil étnico --por las que España fue sancionada en 2009 y que persisten en la actualidad--, en expulsiones exprés, en el incumplimiento del derecho de asilo a los solicitantes, en devoluciones ilegales infringiendo el Derecho Europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Convenciones de Ginebra, y los vuelos de deportación".
Además, apuntan "otros aspectos discriminatorios de las políticas públicas de carácter más sutil, como las dificultades burocráticas para llevar a cabo cualquier trámite, así como la negación de asistencia sanitaria".
Podemos subraya que en España existen actualmente ocho Centros de Internamiento de Extranjeros, uno de ellos localizado en Valencia (CIE Zapadores) "en el que se han denunciado vulneraciones de Derechos Humanos que incluyen agresiones a menores por parte de agentes de la autoridad". "Estas denuncias se encuadran entre las numerosas efectuadas por los internos, basadas en malos tratos físicos y psicológicos sistemáticos tanto en los CIEs como en los traslados al aeropuerto", añaden.
A juicio de los diputados, esto sucede por varias cuestiones como el hecho de que los CIE, "al no ser centros penitenciarios, no cuentan con jueces de vigilancia penitenciaria, sólo con jueces de guardia que acuden pocas veces y únicamente pueden instar a través de autos a la autoridad policial de los mismos, autos --como el que permite a los internos tener el móvil encendido-- que son desoídos constantemente por la dirección de los distintos CIE".
Asimismo, critican que se vulneran los Derechos Humanos de los internos debido a las "deplorables condiciones" de los propios centros, entre ellas la "deficiente atención médica" que ha tenido consecuencias terribles como, según citan, "la muerte de Samba Martine en 2012 en el CIE de Aluche y la inexistencia de intérpretes que asistan a los internos, aspectos todos ellos que han sido denunciados por medios de comunicación y diversas organizaciones sociales a las que se les niega reiteradamente la entrada a los centros".
Igualmente, señalan que la existencia de CIE "pone en peligro a colectivos en situaciones de debilidad como los menores, mujeres víctimas de trata que no ven reconocidos sus derechos, y refugiados que no reciben información sobre el derecho a solicitar protección internacional durante su estancia en el centro".
