VALNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha pedido la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, para que explique qué va a pasar con la reversión a la sanidad pública del departamento de salud de Torrevieja (Alicante), un proceso que reclama que se paralice mientras que no haya informes económicos que lo justifiquen y que, según asegura, en este momento no están.
Al mismo tiempo, ha pedido la dimisión "inmediata" de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, "que ha demostrado una incapacidad tremenda no solo en la gestión del covid sino también en la gestión de la reversión de Torrevieja". "Quiere cambiar un modelo que funciona por otro que no está funcionando en Alzira, donde tiene un conflicto social con los trabajadores y ha generado un problema asistencial en el departamento de salud de la Ribera con cierre de centros de salud y de anulación citas presenciales en atención primaria", ha manifestado en un comunicado.
Así lo ha indicado en un comunicado después de que el Tribunal Supremo (TS) haya rechazado avalado la reversión del Hospital de Alzira a la sanidad pública aprobado por el primer Consell del Botnic al considerar que hubo una valoración suficiente de las repercusiones y efectos de la medida.
El alto tribunal concluye que los supuestos de reversión a la sanidad pública, de conformidad con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, requieren de una valoración de sus repercusiones y efectos,
atendida la naturaleza y alcance del acto y las circunstancias concurrentes.
Para la síndica del PP, esta sentencia del Supremo supone "un bofetón a las decisiones ideológicas del Consell" y "viene a criticar las chapuzas de un Consell que no puede hacer lo que le dé la gana", por la exigencia de una valoración y ha reclamado a Puig que, en este contexto, "paralice el proceso de reversión del departamento de salud de Torrevieja mientras solicite informes económicos que lo justifiquen".
Asimismo, ha pedido la comparecencia del 'president' para que explique "qué va a pasar con el departamento de salud porque no se puede generar más incertidumbre sobre los ciudadanos y los trabajadores a solo dos meses de la anunciada reversión".
"Es responsabilidad de cualquier gestor público tratar el dinero público con la mayor diligencia, eficacia y eficiencia posible. La sentencia deja claro que, para adoptar cualquier decisión que repercuta en la gestión de fondos, se necesita un informe que justifique que esa decisión no tiene un impacto sobre las arcas públicas mayor que en la gestión anterior", ha apuntado en un comunicado.
La síndica 'popular' ha añadido que "en el departamento de salud Torrevieja no han hecho ningún informe económico para evaluar la decisión de la reversión. De hecho, hasta hace una semana se iba a gestionar por una empresa pública y ahora parece que será de manera directa. No sabemos a día de hoy si va a haber ahorro económico".
"Ante estas circunstancias, exigimos a Puig que realice un informe económico urgente. El único que se conoce hasta el momento es el del Sindic de Comptes de 2018 donde dice que la gestión de Torrevieja es más eficiente y económica que la media de los departamentos de salud públicos. Este informe desautoriza la actual decisión del gobierno valenciano, ideológica y sectaria, de finalizar ese contrato sin tener un modelo claro encima de la mesa", ha sostenido.
En este sentido, ha indicado que ahora "hay un antecedente de reversión y se puede hacer un informe económico comparando el coste que la reversión de la Ribera ha tenido en los ciudadanos". "Se hizo en abril de 2018 y ya se sabe el incremento de gasto en estos tres años y la merma en la calidad asistencial con la supresión de servicios y la repercusión que ha tenido sobre los usuarios", ha sostenido.
Para Eva Ortiz, "la sentencia del Supremo acaba con la ideología sectaria impositiva sin criterios técnicos, avala la protección de la ciudadanía de que cuando un gobierno toma una decisión de estas características tiene que justificarla y avalarla, y abofetea a Puig y a su gobierno en la manera de hacer las cosas".
La portavoz popular ha afirmado que "las decisiones tienen que tener carácter técnico y económico. No vale la excusa de que figura en el programa electoral. Eso no justifica ninguna decisión".
