Castellano dice que desde que la ley está en vigor el 97% de contrayentes no ha modificado el régimen de separación de bienes
VALENCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las Corts Valencianes aprobaron hoy por el trámite de lectura única con los votos del PP y del PSOE y la abstención de Compromís y No Adscritos el proyecto de ley de modificación de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, pactado entre la Generalitat y el Gobierno Central que supondrá la retirada del recurso de inconstitucionalidad del ejecutivo.
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, insistió en que ninguna de las modificaciones es "sustancial", ni altera el "régimen jurídico aplicable". Populares y socialistas defendieron el procedimiento por "seguridad jurídica".
El pacto alcanzado el pasado mes de abril implica la modificación de un total de once artículos de la norma valenciana y el Ejecutivo central se compromete a retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en diciembre de 2007 contra la ley autonómica. Las modificaciones, según aseguró el conseller, son "mínimas" y respetan tanto la separación de bienes como la Germanía.
Según dijo el conseller, ninguna de las modificaciones es "sustancial ni altera el régimen jurídico aplicable" por lo que se mantiene como una ley "genuinamente valenciana que refuerza nuestro autogobierno". De este modo, la ley es un instrumento "valenciano, vivo, útil, que responde a la sociedad del siglo XXI" al tiempo que es, dijo, "plenamente constitucional".
Castellano informó de que desde que está en vigor la ley, sólo el 2,9 por ciento de las parejas que contraen matrimonio han capitulado, mientras que el 97 por ciento restante no han querido modificar el régimen de separación de bienes, que estipula por defecto la norma.
El conseller insistió en su convencimiento de que la ley era "plenamente constitucional" y aseguró que la modificación se realizó "en aras del consenso" que debe haber entre las administraciones públicas. Así, dijo que la reforma es "fruto del diálogo" entre Ministerio de Política territorial, de Justicia y de la Generalitat.
Por su parte, el parlamentario socialista Antoni Such indicó que la reforma supone una "muy buena adaptación constitucional" y remarcó que "los temas abordados se corresponden con necesidades de las personas".
A su juicio, había unas "incertezas jurídicas que había que corregir" y posibles "desigualdades" que la norma podía introducir, por lo que se congratuló por el acuerdo alcanzado, que, no obstante, advirtió, "se podía haber solventado hace dos años" y de manera "más amplia", regulando el trabajo doméstico. Asimismo, instó a, en cuestiones como ésta, llegar a acuerdos y no bloquearlos por "intereses puramente partidistas y de oportunismo político".
COMPROMIS: EL CONSELL "HA CAPITULADO"
Compromís se opuso al procedimiento escogido, pero no a la reforma por "responsabilidad" y para demostrar su apoyo a recuperar el autogobierno, optando por la abstención.
Según defendió el portavoz adjunto Enric Morera, la reforma supone que el Consell "ha capitulado" ante la "embestida centralista" del Gobierno de la nación, mientras que el procedimiento "roba y secuestra" el derecho de presentar enmiendas e implica una reducción del autogobierno.
Morera lamentó que el "pacto oculto" entre los gobiernos central y autonómico para "reducir nuestro autogobierno" y se preguntó "dónde está su valencianismo". También criticó que revela el "centralismo jacobino que cada día más representa el PSOE".
Por su parte, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, lamentó que en la reforma no cambie la aplicación por defecto la separación de bienes, porque las parejas no están en condiciones de igualdad económica, afirmó.
Tampoco consideró "justificado en absoluto" el procedimiento de lectura única. "No es la manera más democrática de funcionar", lamentó.
NO DEMORAR LA RETIRADA DEL RECURSO
Sin embargo, la diputada popular Asunción Quinzá recordó que el texto pactado "no puede ser alterado de forma unilateral" y advirtió que sobre la ley pende un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central.
Así, enmarcó el trámite escogido en el interés*de*no demorar la retirada del recurso. De este modo, adujo razones de "seguridad jurídica".
Andalucía
