VALENCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, aseguró hoy que la gestión urbanística del PP "es el caldo de cultivo de la corrupción" y exigió a los populares "una actitud de tolerancia cero frente a depredración del territorio, en vez de mantener alcaldes con graves imputaciones judiciales, como los de Alicante, Torrevieja u Orihuela".
Burriel señaló que "cada día resulta más evidente el gravísimo daño que está produciendo en nuestro territorio la política urbanística del gobierno de Camps", y añadió que desde los sectores sociales e institucionales "se señala repetidamente que no podemos seguir con este urbanismo depredador y sin límites que practica el PP y que además es caldo de cultivo para la corrupción urbanística".
En este sentido, el responsable socialista subrayó que para "intentar arreglar este desastre y cerrar la puerta a la corrupción no basta con la operación de maquillaje de quitar a Rafael Blasco y poner en su lugar a Esteban González Pons", ya que "una situación tan grave exige un cambio radical en la política urbanística", apostilló.
Asimismo, indicó que el conseller de Territorio, Esteban González Pons, "sólo nos ha ofrecido acciones de propaganda, pero ningún cambio sustancial hacia otro tipo de urbanismo". Ante esta situación, señaló que los socialistas valencianos "hemos tenido y seguiremos teniendo tolerancia cero frente a la corrupción urbanística" y exigió al PP "la misma actitud al respecto en vez de mantener a alcaldes con graves imputaciones judiciales, como los de Alicante, Torrevieja, Orihuela, entre otros.
El secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE aseguró que la posición del "todo urbanizable que el PP ha mantenido en su gestión abrió la puerta al crecimiento sin límites y con ello a mayores posibilidades de corrupción".
Por ello, Burriel señaló que los socialistas valencianos "nos adherimos al decálogo de medidas para un urbanismo diferente que ha presentado hoy la ejecutiva federal del PSOE, y que coinciden con la política urbanística que reclamamos" para conseguir un crecimiento urbanístico razonable, de calidad, ordenado y supramunicipales; así como que esté dirigido por los intereses generales y que "exija un porcentaje significativo de vivienda protegida en todas las actuaciones urbanísticas", apostilló.
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