CASTELLÓN, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, ha cuestionado este miércoles la gestión urbanística del equipo de gobierno del Partido Popular, que considera "suicida", y ha pedido la comparecencia "urgente" del concejal de Urbanismo para que explique una sentencia del Tribunal Supremo en la que "se reprende al Ayuntamiento y a la Generalitat por los fallos en la exposición al público del Plan General de Ordenación Urbana".
"La Justicia vuelve a poner en evidencia la actuación irresponsable del PP en un ámbito de la gestión municipal que tiene una incidencia directa en la economía", ha afirmado Marco.
Según la socialista, el Tribunal Supremo ha dictaminado "con claridad" que el PGOU fue anulado en diciembre de 2008, "a pesar de lo que mantenía el equipo de gobierno, que siempre lo negó, y, además, destaca que la sentencia no fue debidamente ejecutada". "La incertidumbre vuelve a planear sobre el urbanismo local y amenaza al sector inmobiliario en el peor momento", ha dicho.
Marco ha incidido en la "mala praxis urbanística" del PP, que "siempre ha antepuesto el partidismo al interés general". En ese sentido, ha indicado la voluntad del grupo socialista de pedir la comparecencia "urgente" del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, en la Comisión de Desarrollo de la Ciudad, el próximo lunes, para que dé cuenta de la incidencia administrativa que tendrá la resolución judicial. "Si al final se anula el PGOU, hay que evitar los errores del pasado y preparar una hoja de ruta para salir de este atolladero cuanto antes", ha añadido.
En el caso de que de la interpretación de la sentencia se deduzca la anulación del PGOU, según Marco, "Castellón volverá a regirse por el planeamiento urbanístico de 1984 y habría actuaciones relevantes, como la urbanización del parque Ribalta para permitir el paso del Tram, que quedarían al margen de la ley". "La situación es muy grave como para que el PP quiera eludir sus responsabilidades en este asunto", ha asegurado la portavoz del PSOE, en referencia a las declaraciones ha que ha realizado éste al respecto.
Mulet ha afirmado que esta sentencia del Tribunal Supremo, "que en ningún caso anula el PGOU", da la razón a tres particulares en el sentido de otorgarles legitimación para que aleguen en el incidente de ejecución de sentencia del recurso por el que se anuló el PGOU del año 2000, y ha añadido que desde el Ayuntamiento de Castellón se hará lo que indique el TSJCV con respecto al PGOU, "tal y como ya se hizo en su momento".
RESPONSABILIDADES DE MOLINER Y FABRA
La portavoz municipal del PSPV-PSOE ha apuntado, sin embargo, a las responsabilidades políticas de los anteriores responsables del área de Urbanismo, Javier Moliner y Alberto Fabra, actuales presidentes de la Diputación y de la Generalitat, respectivamente. "Parece que Moliner y Fabra tenían constancia de que su actuación al frente de Urbanismo estaba bajo sospecha y se han buscado una salida política para no tener que afrontar sus culpas por tanto descontrol, tanta chapucería y tanta indisciplina urbanística", ha resaltado.
Por otra parte, el portavoz del Bloc-Compromís en el Ayuntamiento, Enric Nomdedéu, ha señalado que "una vez más, el PGOU de Castellón está pendiente de una sentencia judicial, después de que el TS haya considerado que por parte del Ayuntamiento y la Generalitat no se ejecutó la sentencia anterior como correspondía".
El representante nacionalista ha manifestado que los presidentes de la Generalitat y de la Diputación, Alberto Fabra y Javier Moliner, respectivamente, "eran los máximos responsables políticos municipales en el momento de ejecutar la anterior sentencia". "Ahora, desde el TS, dicen que tienen plena razón los recurrentes cuando califican de simulacro o de pura ficción la ejecución de la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo', "de manera que deberán de dar explicaciones, tanto ellos como sus sucesores al frente de la Alcaldía y de Urbanismo por este despropósito", ha añadido.
Según Nomdedéu, "no es de recibo" que haya que estar "siempre" pendientes de sentencias judiciales que puedan anular el PGOU de la ciudad, y ha destacado que, aunque será necesario que se pronuncie el TSJ, "lo que ha quedado claro es que la falta de transparencia del PP ha sido la principal causa de que el TS hable de la 'sinrazón de la tesis de las Administraciones urbanísticas opuestas al recurso de casación".
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