VALENCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de política social del grupo parlamentario socialista en las Corts, Nuria Espí, exigió hoy la comparecencia en comisión de la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, para que explique la planificación de la puesta en marcha el próximo 2007 del Sistema Nacional de Dependencias y, al mismo tiempo, que dé cuenta en qué va a invertir, durante el presente año, los más de 20 millones de euros para la puesta en marcha de esta normativa y la ampliación de recursos e infraestructuras.
La diputada socialista también presentó una proposición no de ley para que se realice un estudio de las necesidades a nivel territorial, diseñando un mapa social, a través de los colegios profesionales de trabajadores y asistentes sociales, así como la "urgente" creación y convocatoria del Consejo Territorial de municipios para la puesta en marcha y seguimiento de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia.
En este sentido, Nuria Espí explicó, a través de un comunicado, que los grupos parlamentarios en las Corts "queremos conocer los medios y las cantidades económicas que el Consell recibe del Estado para este fin y, en consecuencia, también pedimos conocer cómo los está aplicando y cuáles hará llegar a las corporaciones locales".
Así, aclaró que desde el PSPV-PSOE se demanda una "presencia activa de los ayuntamientos, a través de la creación del citado Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia autonómico, para garantizar que se va a tener en cuenta la opinión de la parte de la Administración que va a asumir la mayoría del proceso de aplicación de esta nueva ley".
De hecho, según indicó, tener en cuenta la posición de las corporaciones locales es "una obligación" de la ley, "una exigencia de democracia, pero además, en este caso, "un camino único para garantizar un buen trabajo ahora y para el futuro".
Recordó que este proyecto de ley del Gobierno central tiene como objetivo "mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía y, especialmente, de los más desfavorecidos". Así, Espí consideró que "es un gran avance porque aunque los ayuntamientos vienen ofreciendo desde hace más de 20 años estas prestaciones, ahora se van a reconocer como derechos".
