El PSPV instará al Consell a elaborar una ley sobre plazos máximos de espera en el SVS y que garantice una cita "cierta"

VALENCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Sanidad del PSPV, Encarna Llinares, anunció hoy que su formación presentará una proposición no de ley para instar al Consell a elaborar una ley de plazos máximos de espera en la prestación de los servicios sanitarios en el marco del Servicio Valenciano de Salud (SVS), al tiempo que garantice una cita "cierta", con "transparencia y sin oscurantismo".

Llinares, que hizo estas declaraciones en rueda de prensa, señaló que es "necesario" un "cambio radical" en el modelo de gestión sanitaria, que apueste "de verdad" por la sanidad como "servicio público esencial y de calidad que mejore la vida de los ciudadanos", ya que las medidas impulsadas hasta ahora por el Gobierno valenciano no han hecho "más que deteriorar la sanidad pública, privatizar servicios y aumentar la cuenta de resultados de muchas empresas", apostilló.

De este modo, criticó la situación de "carencias y deficiencias" vinculadas a la política sanitaria del PP, entre las que destacó la "baja inversión en gasto sanitario por habitante" --en la Comunitat se presupuestan 982 euros por persona, 147 menos que la media nacional, que asciende a 1.129 euros, apuntó--, así como la gestión "ineficaz, manirrota y despilfarradora" del Consell, que ha llevado a esta autonomía a ser "la más endeudada y morosa de todo el Estado", pero también "la última en indicadores sanitarios", afirmó.

Asimismo, Encarna Llinares afirmó que el Ejecutivo valenciano que preside Francisco Camps "incumple la Ley de Morosidad de 2004" al "no pagar en tiempo y forma" a las empresas proveedoras, e incluso recurre a "artimañas más propias de extorsionadores y mafiosos" que de un Gobierno "responsable y serio".

La responsable socialista se refirió de este modo al planteamiento que diferentes conselleries, entre ellas la de Sanitat, realizan a sus proveedores a los que, según apuntó, les dicen que "si quieren cobrar las cantidades pendientes que les adeuda la Generalitat, tienen que renunciar a los intereses de demora".

En este sentido, Llinares subrayó que los intereses de demora que ha abonado la Conselleria de Sanitat a sus proveedores, desde 2003 hasta la fecha, ascienden a 9,2 millones de euros. Además, resaltó que la deuda contraída por el SVS con las empresas suministradoras de tecnología sanitaria y con los proveedores de medicamentos a hospitales ascendía, a 31 de diciembre de 2005, a un total de 920,2 millones.

Según la diputada socialista, esto representa que la deuda por habitante de la Comunitat, en este concepto, asciende a 192,1 euros, un total de 29,2 euros por encima de la media nacional, dijo. Así, apuntó que los valencianos deben 172,1 euros más que los catalanes, 143,6 más que los madrileños, o 70,5 euros más que los andaluces.

Todas estas autonomías registran un aumento de población "incluso mayor" que el de la Comunitat Valenciana, y se rigen por el mismo sistema de financiación, señaló Llinares, por lo que, en su opinión, estos datos demuestran la "mala gestión y el victimismo" del PPCV.

"PROGRAMA DE REFUERZO"

Por todo ello, el PSPV presentará una proposición con varios puntos, encaminados a orientar la sanidad como un "servicio público esencial y básico que garantice la igualdad de oportunidades de las personas", explicó. Para ello, reclamarán el "incremento de la financiación sanitaria" en la Comunitat, para "alcanzar" la media autonómica y con el objetivo de, en dos años, "llegar a la inversión que realizan las tres comunidades que más destinan por habitante y año", dijo.

Asimismo, solicitarán un "programa de refuerzo de la atención primaria", tanto en recursos humanos como tecnológicos, para contrarrestar la situación actual de "abandono", así como para "mejorar la calidad" en la prestación de servicios, indicó.

Además, exigirán la puesta en marcha de mecanismos que fomenten, "de verdad", el "uso racional de los medicamentos", así como el aumento de camas en hospitales, algo que se consigue con el "cumplimiento de la inversión presupuestada", argumentó. Al respecto, sostuvo que en 2005 "tan sólo se ejecutó el 60 por ciento de lo presupuestado" en el capítulo de inversiones.